La sentencia del juzgado de primera instancia número 2 y mercantil de Lugo que absuelve al denominado cartel de la leche de pagarle casi 1,5 millones de euros a una ganadería sevillana ha provocado un seísmo en el sector. Son miles los ojos que están puestos en este proceso.
Solo en la provincia de Lugo más de 2.500 explotaciones han presentado demanda judicial contra cuatro industrias lácteas a las que les reclaman unos 200 millones de euros en total por presuntas prácticas anticompetitivas, como poner en común su política de precios.
A nivel nacional son más de 7.000 las granjas que han interpuesto demanda por importe de más de 600 millones de euros, según las estimaciones que se realizan en el sector.
El origen de este proceso judicial, que se prevé que se prolongará durante años, es la resolución dictada hace tres años por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el Grupo Lactalis Iberia, Industrias Lácteas de Granada, Central Lechera Asturiana y Schreiber Foods España por "prácticas anticompetitivas" entre 2001 y 2013.
Las industrias recurrieron esa decisión de la CNMC ante la Audiencia Nacional, que todavía no ha resuelto.
La magistrada del juzgado de primera instancia número 2 y mercantil de Lugo no ha entrado en el fondo de la cuestión, sino que ha estimado que la acción prescribió, por lo que ha absuelto a las demandadas —cabe recurso— y le ha impuesto las costas procesales a la demandante.
Esta instancia judicial tiene programados para las próximas semanas más juicios por este caso, ya que las industrias lácteas y las explotaciones no llegaron a un acuerdo en la audiencia previa a la que fueron convocadas.
