El Consejo General del Poder Judicial ha acordado abrir un expediente disciplinario a la titular del juzgado número 1 de Lugo, Pilar de Lara, por supuestos retrasos injustificados en la instrucción de causas penales y, por presuntamente, tomar decisiones con abuso procesal que se traducen en un incremento ficticio del volumen de trabajo.
Esta decisión se basa en la denuncia presentada en verano por el exconselleiro Fernando Blanco, que la acusó de ignorar durante meses y hasta años sus recursos en una causa contra él desgajada de la operación Campeón. Ese silencio reiterado, según la queja, habría impedido que la Audiencia Provincial se pronunciara sobre esos asuntos desde principios de 2015. La denuncia de Blanco se habría acumulado a las actas levantadas por el servicio de inspección en relación con la situación del juzgado. Entre ellas, la de una inspección extraordinaria realizada entre el 21 y el 31 de mayo.
El caso del exconselleiro se remonta a 2011, dentro de la operación Campeón. En octubre de ese año, el principal imputado, el empresario Jorge Dorribo, logra salir en libertad después de declarar ante la jueza de instrucción del número 3 varios sobornos a políticos, entre los que se encontraba el entonces ministro de Fomento, José Blanco; el diputado autonómico del PP Pablo Cobián y el conselleiro de Industria Fernando Blanco. Este último fue el único de los tres que dimitió de forma inmediata, renunciando a su condición de aforado.
La causa contra José Blanco fue sobreseída hace ya años por el Supremo y Cobián aceptó una condena leve en el juicio del caso Campeón. Sin embargo, Fernando Blanco sigue imputado desde entonces.
En 2012, la pieza recayó en el juzgado de De Lara después de que se desgajase del caso de Dorribo. Esta solicitó entonces hasta tres informes consecutivos sobre el patrimonio de Blanco, que concluyeron sin resultados relevantes.
El abogado del exconselleiro, Xosé Antón Pérez Lema, solicitó el sobreseimiento de las actuaciones, que fue denegado. Presentó un recurso ante la Audiencia, que estimó que quedaban aún actuaciones por realizar.
Ante el escaso avance de las investigaciones, recurrió ante De Lara contra su decisión de prolongarlas. Explicó que pasó hasta un año sin respuesta y, en otros casos, directamente sin contestación. Estima que ese silencio le racanea la posibilidad siquiera de apelar ante la Audiencia Provincial, motivo por el que denunció ante el Consejo General del Podel Judicial.
Por su parte, De Lara ya replicó a esa queja punto por punto. Algunos de los retrasos a los que alude Pérez Lema los negó por completo, mientras que otros los achaca a la Fiscalía, a los propios abogados, a la huelga de funcionarios o al letrado de la administración de Justicia (antes secretario judicial) de su juzgado.
Reconoció que se pidieron hasta seis informes sobre el patrimonio de Blanco y, sobre las declaraciones pendientes, aclara que nunca se anularon sino que fueron suspendidas por motivos ajenos a ellas, por cuestiones de agenda de los letrados o porque les afectaba el paro de la justicia. También eludió responsabilidad alguna sobre si el abogado de Blanco no recibió alguna de sus providencias, recordando que dar traslado de esos asuntos no es tarea de un juez.
La promotora de la acción disciplinaria contra De Lara, Carmen Robles Gil, estima una supuesta comisión de la falta prevista en los artículos 417.9, 418.11 y/o 419.3 de la Ley Orgánica del Pode Judicial, que se refieren a la desatención o retrasos injustificados en la instrucción y de la prevista en el artículo 418.16 de la misma norma, que alude a las decisiones "que, con manifiesto abuso procesal, generen ficticios incrementos del volumen de trabajo".
Si se estima que la jueza incurrió en esas faltas, las sanciones podrían ir desde multa de 500 euros, en caso de considerarse leve, hasta suspensión, traslado forzoso o separación de la carrera judicial si se considerase muy grave.
