Una docena de exdirectivos de la Cámara de Comercio de Lugo comparecieron este lunes en el juzgado de instrucción número 1 de Lugo, cuya titular es Pilar de Lara, para declarar en relación con el demoledor informe del Consello de Contas que apreció irregularidades en la gestión de esta corporación de derecho público en 2010 y 2011, entre otros ejercicios.
Los citados ayer al juzgado formaban parte de las directivas que habían sido presididas por Alfredo Mosteirín y Eduardo Núñez Torrón, ambos fallecidos.
La apertura de las diligencias se produjo a raíz del informe del órgano auditor autonómico que desveló posibles anomalías en la contratación de personal y de empresas para la prestación de servicios a la Cámara de Comercio. Los delitos que investiga la jueza Pilar de Lara son malversación de fondos públicos, fraude a la Seguridad Social y falsedad en documento mercantil, entre otros.
El documento que puso en marcha esta causa se hizo público en el año 2015 e incluye una larguísima retahíla de irregularidades detectadas por el órgano fiscalizador. Una de ellas se refiere a los 31.338,31 euros que cobró, entre los años 2010 y 2011, una empresa del exdirector gerente de la entidad, Alberto Fernández Piñeiro. El Consello de Contas estimaba que no había constancia de que la Cámara le hubiese concedido la compatibilidad a ese directivo, que tenía dedicación exclusiva, para ejercer otra actividad u ocupar otro cargo.
Además, el informe también recogía que, en el año 2010, se abonó la cantidad de 110.962 euros a un periodista ajeno a la entidad por los servicios de comunicación del Plan de Fomento de las Exportaciones Gallegas (Foexga) de ese año. En ese caso, fue un contrato adjudicado sin concurso público, lo que a juicio del Consello de Contas, suponía un incumplimiento «reiterado» de los principios de publicidad, concurrencia e igualdad.
Además, en lo que se refiere a ese plan, el órgano fiscalizador también criticó que la Cámara de Comercio nunca hiciera una valoración de la verdadera eficacia de las misiones comerciales realizadas esos años a India, Colombia, Polonia, Bulgaria e Hungría. Tampoco especificaba los criterios objetivos que se tenían en cuenta a la hora de seleccionar a las empresas que participaban en esos viajes.
También cuestiona el pago de varias comidas, que en su momento ya merecieron la reprobación de uno de los directivos por "su elevado gasto". Se trata de una pulpada en las fiestas de San Froilán por un importe de 1.296 euros y de una cena de Navidad que costó 5.088,96 euros.
Ocurre lo mismo con dos viajes en avión a Bruselas, que ascendieron a casi 1.800 euros y que se cargaron a la partida presupuestaria reservada para los desplazamientos nacionales.
El documento se advierte asimismo de que, en el año 2011, se abonaron 2.650 euros en concepto de honorarios a directivos, aunque según establece la Lei Galega de Cámaras, no los podían percibir.
En la causa también están personadas la Fiscalía, la Seguridad Social y la Consellería de Economía, el órgano que tutelaba la entidad lucense.
Las pesquisas de De Lara se materializaron en el registro de las dos antiguas sedes de la entidad en 2017, cuando ya llevaban años cerradas. La Cámara había tenido sus oficinas principales en la Avenida Ramón Ferreiro y las aulas de formación en Augas Férreas.
VIAJES. No es este el único frente de la Cámara abierto. También ha sido juzgado su exgerente este mismo año por un presunto delito de apropiación indebida de 26.360 euros entre los años 2005 y 2010. Entre otras cuestiones, el ministerio fiscal cree que hizo «viajes ficticios», cuyo importe cargaba a la Cámara pero que no llegó a realizar. De hecho, fue acusado de varias duplicidades, constando misiones comerciales a Lituania y Polonia en días en los que supuestamente también había acudido a Ourense. Fue juzgado en enero en el Penal número 1.
