"NO ME ARREPIENTO de nada de lo que hice en Lugo", aseguraba Estela San José a los medios de comunicación el pasado mes de febrero, en su última comparecencia pública antes de marchar hacia Huelva, donde se hará cargo de un juzgado penal. No es, en efecto, persona de arrepentimientos fáciles, como demostró en sus diez años al frente del juzgado de instrucción 3 y de violencia contra la mujer, aunque seguramente no estarán de acuerdo con ella los más de dos centenares de imputados en alguna de sus macroinvestigaciones que la ven marchar sin que ninguna de ellas haya llegado a su final.
Estela San José se hizo notar muy pronto desde que tomó posesión de su juzgado, aunque en un primer momento siempre que saltaba a los medios de comunicación era por cuestiones relacionados con la violencia machista. No tenía reparo ni miedo a ser políticamente incorrecta cuando se trataba de luchar contra las carencias del sistema judicial para en la lucha contra esta lacra.
Sin embargo, no fue hasta 2008 cuando comenzó a cimentar su papel de jueza estrella, aunque ella aborrezca el término. Lo que era un simple robo en un coche que le tocó al estar de guardia se convirtió en la entrada en un piso patera donde se hacinaban ciudadanos marroquíes que trabajaban en régimen de semiesclavitud para granjas de la provincia. Había estallado la operación Pollo, que se convirtió en el primero de los muchos macrosumarios que luego ha vivido la ciudad.
Siete años después, la operación Pollo es una montaña de tomos de miles y miles de folios y alrededor de 170 imputados. Lo último que se supo de ella es que sigue pendiente de que Fiscalía determine si solicita nuevas diligencias de investigación o pide su transformación en procedimiento abreviado para que se puedan presentar los escritos de acusación y celebrar la vista oral. No sería nada raro que pasasen otro par de años antes de que alguien se siente en el banquillo, con toda seguridad muchos menos que esos 170 imputados.
Y como las macroinvestigaciones en Lugo se desarrollan en bucle, interconectándose unas con otras, de aquel huevo, además del Pollo, salió una espectacular entrada y registro en el ayuntamiento de Castro de Rei y en dependencias de la Diputación. Por primera vez, los lucenses veían alcaldes y altos cargos políticos esposados en riguroso directo. Los juzgados lucenses se convertían así en el gran plató que todavía son hoy.
De nuevo, los imputados por decenas, todos ellos sospechosos de participar en una trama de adjudicación ilegal de pequeñas obras. Aquella investigación, en la que al final aparecían implicados más de una decena de concellos, fue después troceándose y cada causa enviada a su correspondiente partido judicial. La mayor parte de ellas fueron archivadas o duermen en algún cajón.
Nulidad. El caso Rey quedaba así reducido a una veintena de imputados. Por el camino se habían quedado incluso alguno de aquellos políticos esposados, como la vicepresidenta de la Diputación, Lara Méndez. La vista oral se cerró casi sin empezar: la Audiencia Provincial decidió aplicar de entrada el mismo criterio que unas semanas antes había utilizado para declarar radicalmente nulas todas las actuaciones realizadas por Estela San José. La causa, que la jueza se había apropiado indebidamente de la investigación, vulnerando el derecho al juez predeterminado por la ley. Todas las acusaciones fueron sobreseídas y el caso está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso interpuesto por la Fiscalía.
Su destino se conocerá, no obstante, antes de que el TS decida al respecto. El motivo es que se trata de una situación idéntica a la que se dio con otra de las macroinvestigaciones de San José, la que implicó a un subdelegado del Gobierno y numerosos cuadros medios de la política en la retirada fraudulenta de multas en la Jefatura de Tráfico. La sala del TS deliberó el jueves y en unos días se podrá saber si todo este esfuerzo de investigación valió para algo o estaba condenado desde el principio por la decisión errónea de la magistrada.
La decisión que adopte el alto tribunal afectará también, tal y como reconoció la propia Estela San José en sendos autos, a otras dos de sus investigaciones. De hecho, decidió paralizar de facto ambas instrucciones porque les afecta el mismo riesgo de vulneración constitucional.
Una es la llamada trama blanda de las multas, en las que los acusados no tienen la relevancia social de los anteriores. Cinco personas están acusadas por Fiscalía y pendientes de si se celebra o no la vista oral.
En la segunda, los imputados vuelven a sumarse por docenas. Es la que mantiene bajo sospecha a casi la mitad de la plantilla de la Policía Local de Lugo por la retirada discrecional de multas. San José encabezó la comisión judicial que registró por sorpresa el cuartel de la Policía Local. Tras meses de desfile por el juzgado de agentes y de algún concejal, hace más de año y medio que no se sabe nada del asunto, aparte del aludido auto en el que la jueza venía a reconocer que si las causas antes señaladas eran nulas, está también.
Bebé. Mucho más tiempo se tardará en ver si llega a algo otra de las mediáticas operaciones puesta en marcha por San José, el caso Bebé, que puso bajo sospecha varias de las adopciones aprobadas por el Servicio de Menores de la Xunta y en el que hasta hay varias monjas implicadas. Año y medio después, la magistrada se inhibió tras reconocer su gran amistad con la abogada de una de las denunciantes, y el asunto pasó a otro juzgado, pero igualmente sigue abierto desde hace cinco años.
Ni siquiera su caso estrella, la operación Campeón, ha podido ver cerrado. Cuando todo indicaba que esta se dirigía ya hacia un juicio próximo, la Audiencia aceptó un recurso de la Xunta para que se realizaran nuevas diligencias indagatorias. Por el camino, fiada a las confidencias de Jorge Dorribo, puso en la palestra a un ministro, dos diputados autonómicos, un juez presidente de la Audiencia, un alcalde, varios concejales y un puñado de empresarios. Las acusaciones contra la mayor parte de ellos quedaron en nada y lo último que hizo la magistrada antes de irse fue volver a poner en libertad a Dorribo.
Pero nadie puede negar que, de cualquier modo, todos estos casos han servido para desmontar estructuras que, de una manera u otra, habían amparado favores mal entendidos e irregularidades, cuando no delitos.
Condenas. Una labor notable que también se le reconoce en el caso de la lucha contra la violencia machista, que nunca dejó de ser para ella el eje central de su labor. Profesionales que han conocido su trabajo, desde asociaciones hasta fuerzas del orden, y víctimas que han recibido su protección destacan su implicación. Incluso personal, lo que le ha llevado a acumular un agotamiento que ella reconoció como una de las causas que han influido en su marcha.
Deja en prisión para muchos años al asesino de Montse Labrada, la enfermera que murió a manos de su marido. Y puede presumir de haber conseguido la única condena importante en firme derivada de la mítica operación Carioca: fue ella la que instruyó la causa por abusos sexuales y maltrato contra el proxeneta José Manuel García Adán.
Diez años, en definitiva, que siguen siendo un caso abierto, pendientes de sentencia.
