Más de doscientos transportistas lucenses secundarán el paro nacional de la patronal del transporte previsto para los días 20, 21 y 22 de diciembre en protesta por la debilitada situación del sector. Tradime celebró este sábado una asamblea extraordinaria, a la que asistieron unos 50 socios, en la que se acordó secundar esa medida de presión diseñada para mostrar el hartazgo de los profesionales, ya que tendrá lugar en unas fechas en las que la actividad del comercio, y por tanto la del transporte en carretera, suele ser frenética.
"Estamos en una situación absolutamente precaria. El único momento en el que realmente el sector tuvo reconocimiento social fue durante el confinamiento, cuando toda la sociedad vio que éramos un sector esencial y ahora nos tratan así. Todo pasa por el transporte. Para poder administrar una vacuna existe una logística detrás que la hace llegar a las manos de ese sanitario", recordó José Fernández, vicepresidente de Tradime.
Las reivindicaciones de los transportistas se centran en mejoras que, en gran medida, llevan años negociándose, pero para las que ahora los profesionales no ven salida. Fernández recuerda que es la propia composición del tejido empresarial del transporte lo que limita su capacidad negociadora. "Hay que recordar que la inmensa mayoría de empresas en España no llegan a los cuatro vehículos. Es un sector profundamente atomizado, en el que el 50% de la carga total la hacen diez empresas", de forma que son esas las que acaban imponiendo sus condiciones.
Las pequeñas empresas aceptan descargar por el síndrome del prisionero: si tú no lo haces lo hará otra
Una de sus peticiones es que se exija sin excepción que sean las cargadoras las que asuman la carga y descarga, que en ningún caso recaiga esa medida en el conductor. Quieren que se elimine el llamado 'pacto en contrario'. La norma ya apunta que la carga debe correr a cargo de la cargadora, la empresa cuya mercancía se está transportando, pero añade la coletilla "salvo pacto en contrario" y a ella se agarran, según Fernández, las grandes empresas para seguir exigiéndolo. Las pequeñas subcontratas, esas firmas de no más de tres camiones de las que hablaba, no pueden dejar de aceptarlo al negociar con ellas. "Es el síndrome del prisionero, la certeza de que si no lo haces tú lo hará otra", explica.
También exigen que se recoja en contrato actualizaciones periódicas de los cambios en el precio del gasoil. No solo en los que rigen entre las empresas cargadoras y las grandes firmas de transporte, sino también en los que suscriben con pequeñas subcontratas para las que se suele suscribir un contrato anual de forma que a lo largo de un ejercicio acaban asumiendo todas las variaciones de precio.
Que en todas las comunidades se pidan los mismos requisitos para acceder al sector y la creación de áreas de descanso seguras son otras de las reclamaciones del sector.
Fernández admite que le gustaría que no se llegara al paro, que el Gobierno diera un giro y se implicase para asegurar sus reivindicaciones. "Le recordaría a la ministra, que dice que no le corresponde exigir que las cargadoras asuman la carga, que el ministerio de Transporte de Portugal lo hizo", dice.
