Una reclamación por responsabilidad patrimonial al Concello de Lugo interpuesta por un ciudadano puede tardar hasta ocho años en resolverse, según los datos aportados por el grupo popular, quien tras haber rastreado el libro de decretos municipal saca a la luz casos como el de un lucense que, tras sufrir en febrero de 2010 daños en su vehículo causados por un contenedor de basura, tuvo que esperar hasta este año para cobrar 426 euros de indemnización.
El PP cita además otros seis casos de reclamaciones estimadas este año por el Concello, que suponen un desembolso de unos 7.500 euros, y en los que la espera media para ser resueltas fue de unos cuatro años y medio. La más cuantiosa es la indemnización de 4.376 euros cobrada por una comunidad de propietarios de Fontiñas afectada por unas filtraciones de agua procedente de Carril das Frores.
El portavoz popular, Antonio Ameijide, aseguró que el gobierno local "está a fallar aos lucenses" y culpa del retraso en la tramitación de estos expedientes al "desmantelamento dos servizos municipais que os socialistas levan facendo nos últimos 19 anos".
El PP culpa de los retrasos al "desmantelamiento" de los servicios municipales y el ejecutivo dice que se reforzó la Asesoría Jurídica
Los populares aseguran además que de los siete casos de reclamaciones encontradas en el libro de decretos, todos son anteriores al año 2015, por lo que anuncian que preguntarán al gobierno local cuántas solicitudes hay pendientes de resolución y la fecha de presentación, para poder conocer la cantidad anual en indemnizaciones a la que tuvo que hacer frente el Concello.
El PP también indica que, en base a los decretos publicados este año, el Concello abonó 41.079 euros a raíz de veinte sentencias judiciales en las que se admite que hubo responsabilidad patrimonial del Concello,
RESPUESTA. El ejecutivo local respondió ayer al PP diciendo que "inventa cifras" y criticó que no haya solicitado de forma oficial el número de reclamaciones de responsabilidad patrimonial tramitadas o resueltas. Por ello, el gobierno ofrece datos de los expedientes tramitados por la Asesoría Jurídica municipal este año y, aunque no ofrece cifras sobre el importe abonado, explica que en total se resolvieron 29 reclamaciones, de las que 11 fueron estimadas, 6 desestimadas y 12 archivadas. Además, indica que hay otras 27 en fase de tramitación.
El ejecutivo también explica que la Asesoría Jurídica fue reforzada, durante seis meses de los últimos tres años, con una trabajadora en acumulación de tareas y que se dedica exclusivamente a la tramitación de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial. "Resulta curioso que, xusto cando se axilizan os expedientes grazas á incorporación desta persoa, sexa cando o PP lanza críticas utilizando información sesgada. Xa o fixo o ano pasado", apostilla.
