La escasez y carestía del alquiler deja sin vivienda a una gran bolsa de población

Abundan los pisos vacíos, pero el miedo a impagos y a daños hace que sus dueños no los saquen al mercado o prefieran rentas turísticas. La exigencia de contrato laboral contribuye a que inmigrantes y economías sumergidas tengan muy difícil acceder a un techo.

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photo_camera Viviendas en Lugo. SEBAS SENANDE

El último informe del Instituto Nacional de Estadística (Ine), de hace diez años, señalaba que el 20% de las viviendas de la ciudad estaban vacías. La proporción puede que haya variado desde entonces, aunque no parece que los cambios hayan sido grandes, por eso resulta paradójica la enorme dificultad que tienen muchas personas para acceder a una vivienda digna, que es aquella que es habitable, accesible, eficiente energéticamente, con suministros básicos y cuyo disfrute suponga un esfuerzo financiero asumible, según la definición que recoge la nueva Ley de Vivienda.

La dificultad se ha acrecentado notablemente en el mercado del alquiler, el único al que pueden mirar los sectores de población con menos recursos. Mientras que la demanda de este tipo de vivienda no deja de crecer porque la situación económica de muchas personas hace que les resulte inviable optar a una residencia en propiedad, la oferta se va contrayendo cada vez más.

En esa escasez influye que en los últimos años se ha construido poca vivienda nueva que pueda tener como destino el alquiler, que muchos propietarios optan ahora por rentas turísticas, ya que les reportan más beneficios y menos riesgos, y que muchos otros prefieren no sacar los pisos al mercado. El miedo a los impagos e incluso a las okupaciones y los destrozos calan cada vez más "porque non se ven moitos casos, pero algún vese", reconocen en la inmobiliaria Lar.

La forma en que a veces se informa de estos problemas, que al menos por lo que respecta a las okupaciones, en Lugo no tiene la dimensión de otros lugares; el uso político que se hace de él y algunos cambios legislativos que llegaron con la pandemia para proteger a la población más vulnerable, como las mayores exigencias para llevar a cabo un desahucio, contribuyeron a que entre muchos propietarios se instalase la idea de que alquilar una vivienda es hoy una actividad de alto riesgo. Y la primera consecuencia es que los precios se han disparado, algo en lo que también influye el encarecimiento de la vida, empezando por los gastos energéticos.

"Nas inmobiliarias hai moi pouca vivenda en aluguer, e a nivel particular tamén. Nós buscamos pisos, pero non nolos dan. E quen o fai moitas veces ponos moi caros, fóra de prezo", explican en la inmobiliaria Ronda. En el centro de la ciudad y su entorno, como puede ser San Roque o As Fontiñas, zonas con mucha tradición de alquiler, prácticamente no hay nada disponible en este momento. Hay que irse hasta la Avenida da Coruña o a Augas Férreas, donde los apartamentos de dos habitaciones están ya en 550 o 600 euros al mes y un piso de cuatro habitaciones, en 750, explica Asier Barja, de Ronda.

La comunidad suele ir incluida, pero a ese dinero hay que sumar los consumos (agua, luz, internet...), que difícilmente bajan de los 100 euros. En la carestía de los alquileres influye también que cada vez son más los propietarios que deciden pagar un seguro de protección de impagos y repercuten todo o parte del gasto.

No solo los precios han subido, sino que los requisitos para firmar un contrato de alquiler son cada vez mayores. Es obligatorio por ley depositar una mensualidad de fianza. Pero, además, ni inmobiliarias ni particulares, salvo raras excepciones, alquilan ya sin un contrato de trabajo y en ocasiones se exige incluso antigüedad en el mismo o el adelanto del pago de varios meses. "Temos visto casos nos que se pedían ata seis meses de adianto", explican en los servicios sociales del Concello.

Olga López Racamonde
"Estamos analizando como mellorar as axudas de vivenda para chegar ao maior número de persoas vulnerables"

En estas circunstancias, el acceso a una vivienda en alquiler resulta muy complicado, o imposible, para muchas de las personas que la demandan: estudiantes, profesores u otros trabajadores que llegan a la ciudad temporalmente, jóvenes que desean independizarse y que tienen salarios o una situación económica que no les alcanza para acceder y comprometerse con una hipoteca, trabajadores sin nómina y población inmigrante, mucha de la cual está en esta misma situación o directamente no tiene ninguna fuente de ingresos más allá de ayudas públicas, cuando las tienen.

Los servicios sociales municipales son un buen termómetro de la situación y tienen claro que el acceso a la vivienda es uno de los principales problemas de la ciudad en este momento. "Ter un teito é un elemento integrador primordial, pero cada vez hai máis problema para isto, sobre todo porque cada vez hai máis inmigrantes que chegan co posto", señala la jefa del departamento, Pilar Rodríguez.

El Concello tiene desde hace años un programa de ayudas al alquiler, pero a estas solo pueden acceder personas en situación personal y profesional regular. Por esta razón, el grueso del fondo municipal de emergencia social acaba destinado también a ayudar con los gastos relacionados con la vivienda de personas en situación de gran vulnerabilidad económica, sean o no inmigrantes. La concejalía que dirige Olga López Racamonde está estudiando la manera de mejorar la línea de ayudas a la vivienda "co fin de chegar ao maior número de persoas vulnerables".


Catasol-Sanxillao, de las zonas más baratas de España
La web idealista.com acaba de situar el barrio lucense de Catasol-Sanxillao entre las 15 zonas de capital de provincia en España donde más barato resulta alquilar una vivienda, con una media de 5,8 euros por metro cuadrado al mes. Hasta julio de 2020 no había una estadística oficial sobre los precios de la vivienda en España, por lo que para ver su evolución desde fechas más lejanas hay que recurrir a portales inmobiliarios. 

336 euros en la provincia 
El índice de alquiler de la vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Zona Urbana no ofrece datos de mercado por ciudades, pero sí por provincias, aunque utiliza como referencia información de 2018, de los depósitos de las fianzas. El precio medio de un alquiler en Lugo en ese momento era de 336 euros, frente a los 769 de Barcelona y 819 de Madrid. 

El 40% del salario 
Según datos del estudio realizado en 2019 por el portal inmobiliario Fotocasa y la plataforma de empleo Infojobs, los españoles destinan de media el 40% de sus ingresos al pago del alquiler de su vivienda, seis puntos más que en 2018 (34%) y doce puntos más que en 2015 (28%). En los hogares con menos ingresos, el coste del alquiler supera esa sobrecarga del 40%. 

Alquiler frente a propiedad 
España sigue siendo uno de los países europeos con más masa de propietarios de vivienda (76,2%) frente a arrendatarios (23,8%), según datos de la estadística de Ingresos y Condiciones de Vida 2019 de Eurostat. La media de ciudadanos que viven alquilados en la UE es de 30,2% y encabezan el ránking Alemania (48,9%) y otros países nórdicos. 

No obstante, también en España la tendencia al alquiler va en aumento. Según el Instituto Nacional de Estadística (Ine), en 2004 los hogares alquilados suponían el 13,9%.

 

Incentivos de la Ley de Vivienda

La nueva Ley de Vivienda, cuya tramitación acaba de arrancar en el Consejo de Ministros, prevé varias medidas para facilitar el acceso a la misma. 

Rebajas fiscales 

Los pequeños propietarios (menos de diez viviendas) tendrán bonificaciones del 50% en el IRPF si las alquilan, del 70% si lo hacen a jóvenes (de 18 a 35 años) o de si se trata de un nuevo contrato con mejoras o rehabilitación y del 90% si se produce en las llamadas zonas tensionadas. 

Ibi

Los municipios podrán subir el Ibi hasta un 150% a propietarios con más de cuatro viviendas en el mismo municipio que llevan más de dos años vacías

Zonas caras 

Cuando en una barrio el precio del alquiler supera en un 30% los ingresos medios de los habitantes de ese territorio se puede promover la declaración de zona tensionada, un trámite en el que intervendrán el Estado, las comunidades autonómas y los ayuntamientos. Será por un mínimo de tres años y los inquilinos podrán solicitar una prórroga del contrato con el mismo precio (con incremento del IPC). Se permitirá una subida del 10% por mejoras de la vivienda o en contratos de larga duración. 

Grandes propietarios

Los dueños de más de 10 viviendas o de 1.500 metros cuadrados en zonas tensionadas y que sean personas jurídicas deberán adaptar el precio de sus alquileres al índice de referencia de la zona, limitando el precio al del contrato anterior. 

Desahucios 

Se promoverá más comunicación entre los jueces y los servicios sociales para estudiar la situación del inquilino y facilitarle alternativas y se amplía de uno a dos meses el plazo del lanzamiento.

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