La paz no acaba de llegar al seno del consejo de administración de la empresa pública Suplusa, que en su reunión de este jueves volvió a vivir un nuevo desencuentro entre los miembros del Partido Socialista. En el único punto del día de la sesión se debía debatir sobre la entrega de los terrenos y el edificio de la residencia de mayores de Castroverde a la Diputación. La petición venía cursada por el propio presidente de la entidad provincial, Darío Campos, pero en el momento de la votación tanto él como su grupo se abstuvieron, mientras que el presidente de Suplusa y vicepresidente de la Diputación, el también socialista Manuel Martínez, votó junto a los consejeros del PP y el único del BNG a favor de la propuesta.
Se rompía así la previsión de que iba a ser una reunión tranquila y lo que tendría que ser un trámite casi exclusivamente administrativo derivó en un nuevo desencuentro entre Martínez y sus compañeros de filas, al emitir votos diferentes.
Al término del consejo de administración, Manuel Martínez explicó que el trámite que se aprobó ayer era meramente administrativo y que tal y como había explicado el secretario interventor en el transcurso de la reunión, sólo significaba «el traspaso de la propiedad física de los terrenos y el edificio de la residencia de Castroverde a la Diputación pero no su uso, que sigue siendo responsabilidad de Suplusa al tener esta entidad la encomienda de gestión».
Aunque el presidente de esta entidad se mostró sorprendido por la abstención de su compañeros de partido, explicó que no tienen «disculpa» para retrasar la apertura de la residencia de Castroverde. «Teñen que aceptar a entrega dos terreos e logo rexistralos e despois de que no pleno da Deputación de marzo se aprobe a ordenanza e o prezo público das residencias, a de Castroverde xa estará lista para empezar a funcionar».
Los socialistas, por su parte, justificaron su abstención en el hecho de que entienden que sin el traspaso del PIA, el expediente de cesión de la propiedad está incompleto y que la entrega de este documento es independiente al de la encomienda de gestión.
Los argumentos del PP y BNG coincidían, sin embargo, con los de Manuel Martínez. En este sentido, la portavoz de los populares, Elena Candia, lamentó que las tensiones dentro del grupo socialista estén perjudicando la apertura de las residencias. «Estase vendo que ao contrario do que dicían non era a Xunta quen retrasou os trámites para abrir os centros», explicó Candia, quien añadió que, aunque su grupo no es contrario a una posible privatización de la gestión de las residencias, «a día de hoxe a encomenda a ten Suplusa e só é o pleno da Deputación quen lla pode quitar».
El portavoz nacionalista, Xosé Ferreiro, dijo por su parte que su voto a favor se debe a que entiende que la Diputación es la propietaria del edificio y explicó que la lucha interna de los socialistas «non debe bloquear a apertura dos centros, que deben ser de xestión pública».
