La empresa Endesa Energía SAU presentó una reclamación judicial contra el Concello de Lugo para reclamar el pago de 1.726 facturas atrasadas por un valor de 1.308.624 euros y, como medida cautelar, el juzgado contencioso-administrativo número 2 ordenó a la administración local el depósito de esa cantidad, lo que hizo esta semana.
No obstante, el gobierno comprobó que, de esas 1.726 facturas, 250 (133.612 euros) ya están pagadas. El crédito para 1.101 (595.673 euros) está bloqueado por el pleno municipal y otras facturas fueron devueltas a la empresa por diferentes motivos, como duplicidades y errores, por lo tanto están pendientes de validación. Para abonarlas también será necesario que el pleno autorice crédito, un requisito legal porque son recibos anteriores a noviembre de 2016.
La administración local no tiene contrato con Endesa desde principios del año pasado, después de que la empresa ejecutara varios cortes de suministro en instalaciones municipales debido a los retrasos en los pagos.
Bloqueo: La oposición no facilita crédito para 5.080 facturas antiguas, pese a estar conformadas, por defectos en contratos de 42
Consecuencias: La vía judicial tiene coste para los acreedores y para el Concello, ya que es probable que tenga que pagar intereses y costas
El mes pasado, por segunda vez, el pleno municipal impidió habilitar crédito para pagar 5.080 facturas (por valor de 2,3 millones de euros), de las que 1.011 correspondían a Endesa y el resto a otras eléctricas y a otro tipo de proveedores del Concello. En febrero, el veto de la mayoría de la oposición (solo Lugonovo se abstuvo) se debió fundamentalmente a que las facturas de Endesa estaban sin conformar y el gobierno local proponía pagarlas igualmente, con el compromiso de que serían revisadas a posteriori y de que se reclamarían las cantidades pagadas indebidamente, si es que las hubiese.
Para el pleno de marzo, el gobierno presentó las facturas conformadas, pero PP y Ace-EU volvieron a votar en contra (el resto de grupos se abstuvo) porque, entre esos 5.080 recibos, hay 42 que tienen reparos de legalidad del interventor, en algunos casos por omisión de trámites procedimentales en la contratación y en otros, porque los contratos están caducados. Pese a ello, todas las facturas son de servicios que han sido prestados y que tienen "a conformidade dos responsables técnicos municipais e das unidades xestoras competentes", según señala el propio interventor.
SOLUCIÓN. El crédito para todos estos pagos tiene que ser autorizado por el pleno porque son facturas anteriores a noviembre de 2016; entre los acreedores hay sobre todo grandes eléctricas, pero también pequeños proveedores, y para solucionar el problema solo hay dos opciones: el desbloqueo político o que los acreedores reclamen en el juzgado. Los servicios están prestados y justificados y el Concello tiene liquidez, por lo que no parece haber mucha duda de cuál será el dictamen. Sin embargo, el recurso al juzgado supone coste para los reclamantes, pero también tiene muchas consecuencias para el Ayuntamiento, ya que este probablemente tendrá que pagar intereses y costas.
Además, la demora en el trámite seguirá provocando el aumento del periodo medio de pago a proveedores, que ya excede mucho el límite que fija la ley. A principios de año, Lugo era la ciudad de España que más tardaba en pagar, a pesar de que las cuentas municipales están saneadas y no hay problema de liquidez.
OTROS PERJUICIOS. El incumplimiento del periodo medio impide al Concello que pueda destinar remanentes a inversiones, como ya sucedió el año pasado. Además, pone en riesgo las transferencias del Estado, que en 2016 fueron 22 millones. De hecho, el Concello está siendo tutelado por esa razón. De momento, solo Endesa reclamó en el juzgado, según asegura el gobierno local.
