Los trabajadores del servicio de la Ora estudiarán medidas legales para reclamar la vuelta a sus puestos de trabajo. Entre ellas no descartan interponer una denuncia contra el Concello para exigir responsabilidades.
El día 29 se cumple un año de la suspensión del servicio de la Ora, y por tanto finaliza el expediente de regulación temporal de empleo de los quince trabajadores de la empresa Doal, que era la concesionaria de este servicio.
Esto provoca una gran incertidumbre en los trabajadores ya que, por un lado, no pueden volver a ocupar sus puestos de trabajo al no tener ningún conocimiento de la actividad de la empresa, que según el secretario general de servicios para la movilidad y el consumo de la UGT, Eladio Romero, "está desaparecida y no da señales de vida, ni tampoco su representante legal". Y por otro lado, no se ha avanzado nada desde el 4 de enero, cuando se celebró la última comisión sobre la remunicipalización del servicio de la ora.
El secretario general de UGT lamenta que ha pasado "un año de promesas incumplidas para quince trabajadores"
Ante esta situación, Eladio Romero reclamó que "se deje de utilizar a los trabajadores para intereses únicamente políticos" y recalcó que este martes se reunirán con los trabajadores y los servicios jurídicos de UGT para estudiar las medidas a llevar a cabo, puesto que muchos de los empleados tienen una situación personal y laboral complicada, y al finalizar el expediente de regulación temporal de empleo, su subsidio quedará anulado.
Otro de los problemas que acarrea desde hace un año la suspensión de este servicio es el desuso y el desconocimiento de la responsabilidad sobre el material empleado para el control de la Ora, como parquímetros y vehículos de transporte, que a día de hoy todavía se desconoce si pertenecen a la empresa concesionaria o al Concello, según recordó este viernes el viceportavoz del grupo municipal del Partido Popular de Lugo, Antonio Ameijide.
Este anunció además que solicitará la presencia en pleno del portavoz del gobierno socialista, Miguel Fernández, para que dé explicaciones "polo reiterado incumplimento dos acordos plenarios nos que se instaba ao goberno á municipalización do servizo".
El grupo popular también denuncia la incertidumbre actual sobre el estado del contrato y la incapacidad por parte del gobierno local de restaurar el servicio "no prazo de oito meses que a propia alcaldesa se impuxo".
Como solución, proponen un "sistema de control gratuito, de zonas limitadas e xestionado polo propio Concello, sen a necesidade de ampliar a plantilla", concluyó el viceportavoz popular.
