El Tribunal Supremo ratifica la condena a cárcel a cuatro miembros de una organización que se dedicaba al transporte de cocaína de la comarca de Arousa a Lugo, donde la vendía supuestamente a otros traficantes. La Sala le rebaja once meses de prisión al cabecilla –R.F. Bóveda, natural de Vilanova de Arousa– al considerar que es autor de un delito de tráfico de estupefacientes y no de un delito continuado contra la salud pública. De este modo, Bóveda tendrá que cumplir una condena de tres años y medio de cárcel, en lugar de los cuatro años y siete meses que le impuso la Audiencia Provincial de Pontevedra en junio de 2015.
Para sus tres compinches –el vilanovés J.F.C.; M.T.L.R. natural de O Porriño, y B.P.L., de Pontevedra–, el Supremo mantiene las penas de tres años de prisión.
Según quedó probado en el juicio, sobre las siete y media de la tarde del 31 de mayo de 2010, Bóbeda y otros dos acusados salieron de un bar de Barrantes, en la provincia de Pontevedra, con destino a la capital lucense. Los hombres viajaban en dos vehículos para que uno actuara como lanzadera, concretamente un Ford Focus, y alertara al conductor del otro vehículo, una furgoneta Citroen C-15, en caso de detectar algún control policial.
Casi dos horas más tarde, sobre las nueve y cuarto de la noche, la Guardia Civil le dio el alto a los dos vehículos en la confluencia de la N-640 y la N-540, en el término municipal de Baamonde. Los agentes encontraron en poder de R.F. Bóveda dos envoltorios con casi tres gramos de cocaína en total. Además, en el interior del furgón hallaron otros 98 gramos de droga, que estaban ocultos en el salpicadero, entre el cableado existente debajo del volante. Los tres hombres fueron detenidos en ese momento y trasladados al juzgado de instrucción número 2 de Cambados.
La sentencia incluye el decomiso de los cuatro coches utilizados por los acusados, aunque estaban a nombre de otras personas
Los cuatro acusados participaron además en otra operación llevada a cabo tres días antes de su arresto. En esa ocasión, un vecino de Boiro se desplazó hasta Caleiro, en Vilanova de Arousa, para comprarle unos 27 gramos de cocaína a Bóveda. A este último se los había entregado previamente otro acusado, J.F.C.
El ministerio fiscal pedía inicialmente para los acusados condenas de cuatro años y siete meses de cárcel. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Pontevedra les reconoció la atenuante de dilaciones indebidas, ya que el juicio se celebró cinco años después del arresto de los acusados.
Los magistrados rechazaron las alegaciones presentadas en la vista oral por los abogados de la defensa, que solicitaron la anulación de las escuchas telefónicas a través de las cuales los investigadores llegaron a la conclusión de que Bóveda estaba actuando en operaciones de compraventa de droga, que tenía como destino la provincia de Lugo.
La sentencia impuso igualmente el decomiso de los cuatro vehículos utilizados por los detenidos en las operaciones de narcotráfico que llevaron a cabo, a pesar de que todos ellos se encontraban a nombre de otras personas que no fueron acusadas. Los acusados recurrieron el fallo, pero el Supremo apenas lo modifica.
