El subdelegado del Gobierno, Ramón Carballo, defendió este lunes la investigación policial llevada a cabo con el agresor sexual en serie que fue detenido el pasado mes de noviembre, pese a las sombras que pesan sobre la misma. Carballo aseguró, tras recibir las explicaciones de los responsables de dicha investigación, que no hubo demora en su detención pese a que los agentes ya lo habían identificado como sospechoso de casi una decena de ataques cuatro meses antes y a que desde entonces cometió otras dos agresiones, una de ellas con violación.
Pablo A.G. es el sospechoso de ser el autor de una serie de agresiones sexuales que se produjeron en la ciudad entre 2013 y finales de 2015. El subdelegado insistió el lunes en que no hay irregularidades en el expediente y en que tampoco el juzgado les ha comunicado queja alguna. Respeto a la identificación, explicó que se les mostró la foto del DNI a dos víctimas pero que no lo reconocieron porque era una foto antigua.
Tampoco vio nada extraño en que la Policía, en lugar de ir a detener al sospechoso cuando su última víctima aportó hasta los datos de la matrícula, decidiera llamar por teléfono al padre, expolicía nacional, para pedirle que se presentara en comisaría con su hijo. Según Carballo, esta es una práctica habitual.
En defensa de la profesionalidad de los investigadores también salieron los sindicatos policiales UFP y SUP. Sus portavoces en Lugo destacaron capacitación y entrega de sus compañeros, aunque sí lamentaron el exceso de trabajo de un grupo que vio reducidos sus efectivos en más de un 30 por ciento.
Según denunciaron ambos sindicatos, desde hace años la comisaría de Lugo sufre un recorte constante de efectivos, ya que la marcha de muchos agentes no ha sido cubierta y el catálogo de puestos de trabajo sigue sin actualizarse. Los sindicatos calculan que en estos momentos se necesitan una veintena de policías más en la ciudad.
No obstante, también reconocieron que es función del comisario ofrecer explicaciones.
