El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha condenado al Sergar a pagar 120.000 euros a una lucense que se infectó con el virus de la hepatitis C mientras trabajaba como auxiliar en la unidad de hemodiálisis del antiguo hospital Xeral. El alto tribunal gallego no solo confirma la indemnización, sino que eleva la cuantía fijada anteriormente por el juzgado Contencioso-Administrativo 2 de Lugo, que había sido de 103.670 euros.
Esta mujer se infectó en diciembre de 1994, cuando tenía 41 años y estaba prestando servicio como ayudante técnico sanitaria en el área de diálisis. Según se demostró, estaba tratando de colocar una vía a un paciente portador del virus que iba a ser dializado cuando la aguja se desprendió del brazo y se le clavó a ella. En enero del 95 ya le se diagnosticó la enfermedad, inicialmente aguda y que acabó cronificándose.
El Sergas ni siquiera asumió el dictamen del experto que la propia consellería designó para instruir el expediente
Por este motivo, la mujer tuvo que seguir tratamientos muy agresivos al menos hasta octubre de 2000. Sin embargo y pese a todo, aún puede decir que tuvo la suerte de que le lograsen controlar la enfermedad y que desde 2001 permanece asintomática, aunque con el virus latente.
Ante esta situación, el mismo Sergas reconoció en principio su derecho a recibir una indemnización, que la Consellería de Sanidade situó en 58.394 euros. La reclamación de la afectada, por su parte, era de 150.000 euros, por lo que recurrió la decisión de la administración.
En el primer juicio, celebrado en Lugo, el juez ya estimó en buena medida sus pretensiones, y elevó la indemnización hasta los 103.670 euros, que no dejaron satisfechas a ninguna de las dos partes.
Por un lado, la defensa de la afectada recurrió al TSXG para insistir en su petición inicial. El Sergas, para que le rebajaran la cantidad en al menos 31.071 euros.
TSXG. La sección primera de la Sala Contencioso Administrativa del tribunal gallego tampoco complace a ninguna de las dos partes. No obstante, sí que estima al menos una de las pretensiones de la mujer infectada, y eleva la indemnización final que deberá afrontar el Sergas hasta unos 120.000 euros, sumados los intereses.
Por el contrario, no solo no acepta ninguno de los argumentos esgrimidos por los abogados de la Xunta, sino que condena a esta a pagar las costas.
Entre las razones que esgrime el TSXG para rechazar las pretensiones del Sergas sitúa en lugar destacado que ni siquiera asumiera el dictamen del inspector de servicios sanitarios que la propia consellería nombró para instruir el expediente sobre este asunto. En dicho expediente, recuerdan los jueces, ese inspector determinó que la mujer pasó 912 días impeditivos para sus ocupaciones habituales; a pesar de esto, el Sergas insistió en que solo debían pagarse como impeditivos 263 días, siendo el resto no impeditivos.
