La llegada a los hogares lucenses de los nuevos recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi), tras la revisión catastral impulsada por el Ministerio de Hacienda, ha disparado la recaudación municipal por ese concepto y también la indignación vecinal, obligando a los concellos a revisar sus tasas. Esta polémica ya se veía venir cuando, en el 2013, el Gobierno central inició esa regularización, que culminará este año.
Decía que quería combatir el fraude en el que incurrían algunos al ocultar bienes o registrarlos de forma incompleta para no pagar. Los vecinos ven afán recaudatorio, reprochan que se revisen pagos de los últimos cuatro años, en el Ibi urbano, y se cobre por construcciones de usos agroganaderos, antes exentas.
Según los últimos datos del ministerio, de julio del 2016, en los 52 concellos lucenses en donde terminó la revisión catastral se regularizaron 85.289 inmuebles (en toda Galicia, 213.017). Sobre el fraude detectado, el 46% de las actualizaciones fueron por nuevas construcciones; un 39%, por ampliaciones y rehabilitaciones; un 13%, por reformas, y un 1%, por piscinas. Aunque el proceso arrancó hace cuatro años, la polémica está en su momento álgido porque muchos concellos apuraron al máximo los plazos para sumarse, para evitar precisamente las quejas vecinales.
Hay indignación por las nuevas valoraciones, que los concellos intentan aplacar con tipos mínimos y aplicando bonificaciones
COSTE ECONÓMICO. Una buena medida del impacto del ‘catastrazo’ es lo que está costando, simplemente, el abono de los cuatro años de atrasos. En los 16 concellos en donde los vecinos ya pagaron esa factura (el resto de la provincia lo hará de forma progresiva en los próximos meses), esta sumó de forma global 6.672.352 euros, según la Diputación, que asume la recaudación en 62 municipios. Según sus datos, de esos 16 concellos es en Vilalba en donde los atrasos suman más importe, casi 1,3 millones.
Le siguen en ese ránking Ribadeo (727.687 euros), Cospeito (684.036), Pantón (675.671) y Sober (520.777). Además, solo por la tasa de 60 euros exigida por cada bien actualizado, en la provincia ya se han pagado 5,1 millones, por esos 85.289 inmuebles regularizados. Más difícil es calcular cuánto subirá en términos medios el recibo con las nuevas valoraciones catastrales, dato sobre el que discrepan los impulsores y los detractores de esta actualización.
Según Hacienda, a 20 de julio del 2016 ese incremento se limitaba en la provincia a solo un 6,75%, casi como el promedio gallego (6,46%). Los críticos sostienen, en cambio, que como mínimo se triplicará. Es de esa idea José Antonio Diéguez, presidente de Ventonoso —entidad vinculada a UU.AA.—, que da charlas para asesorar sobre la revisión catastral. Se basa en el aumento "desproporcionado " de lo cobrado por el Ibi rústico: "Antes era residual porque só se pagaba polas fincas".
Denuncia que falta información y pone de ejemplo esa tasa de 60 euros por actualización. Dice que muchos vecinos creen que con ese pago ya cumplen, sin saber que después les exigirán atrasos y, además, pagarán más en el futuro al subir la valoración de sus propiedades. Explica que también hay quejas por el corto plazo para alegar, solo 15 días, y por errores en el trabajo de campo. Hay desde casos de granjas cerradas por jubilación por las que se exigen pagos como si estuvieran activas hasta pequeños productores artesanos y ganaderos a quienes se les pide por una ‘palleira’ o un establo como si fuesen naves industriales. UU.AA. denuncia hasta el registro de bienes ‘fantasma’.
Pone de ejemplo lo que le pasó a una vecina de Lugo, que reclamó porque le dieron de alta una construcción de diez metros cuadrados delante de su vivienda, que era una casita de plástico de los niños de la familia.
LOS CONCELLOS REACCIONAN. Ante ese clamor contra la subida del Ibi, concellos de todos los colores políticos han optado por apoyar a sus vecinos. Muchos han bajado el tipo del Ibi rústico, incluso al mínimo que permite la ley, el 0,3%, y aplican bonificaciones de hasta el 95% a construcciones agroganaderas.
Ante ese clamor contra la subida del Ibi, concellos de todos los colores políticos han optado por apoyar a sus vecinos
Eso es lo que reclaman UU.AA. y Ventonoso, que alertaron en su día de que, sin esas medidas, los pagos en la provincia por el Ibi rústico podrían dispararse a los 29 millones de euros al año. Parece que su discurso ha calado entre las entidades locales, que quizás temen también que el ‘catastrazo’ pase factura en los comicios locales.
Como prueba de qué pasaría sin esas medidas correctoras, según cálculos de la Diputación referidos a esos 16 concellos con el proceso más avanzado, en sitios como Folgoso do Courel o A Pobra do Brollón la recaudación subiría un 568% (de 10.839 a 72.432 euros) y un 339% (de 40.057 a 175.884), respectivamente, si sus gobiernos locales no actuasen. Los dos bajaron el tipo impositivo y fijaron descuentos, por lo que el coste para los vecinos será mucho menor.
POLÉMICA PANTÓN. Esa reacción de los concellos ha ayudado a calmar algo los ánimos, pero hay lugares como Pantón en donde no ha sido posible y se ha crispado la convivencia. Allí el pleno aprobó una moción en marzo para que el Concello exigiese a la Diputación, que le gestiona el cobro del Ibi, que dejase de enviar recibos a los vecinos mientras no se revisa cada caso.
Tras votar a favor, el alcalde, el popular José Luis Álvarez Blanco, afirmó que lo hizo al temer por su integridad física, por los ánimos exaltados del público que asistió a la sesión. Dice que la propuesta es ilegal y no se puede atender. "Volvino comprobar en conversas co Catastro e coa Deputación", insiste Álvarez, que ve un error animar a los vecinos a paralizar los procedimientos ya que se les puede exigir el dinero por vía ejecutiva. Lamenta "a politización partidista ", en referencia a la plataforma creada allí contra el ‘catastrazo’, y añade que el Concello solo puede cambiar el tipo, y en Pantón "é dos máis baixos de Lugo, do 0,49%".
Al gobierno provincial, protagonista indirecto de esa polémica, le preocupa que los vecinos lo corresponsabilicen de la subida del recibo. La diputada de economía, Mayra García, aclara que la institución solo tramita el cobro, sin fijar los valores catastrales, y hace esa gestión para apoyar y dar liquidez a los concellos. Añade que, a raíz del ‘catastrazo’, la Diputación ofrece más facilidades para el pago, como su fraccionamiento. Para evitar esos líos, en Castroverde el gobierno local se anticipó con una revisión propia.
No evitará la de oficio del Catastro, admite el alcalde, el socialista Xosé María Arias, pero recalca que apenas quedan bienes sin actualizar, los vecinos se librarán de la tasa de 60 euros por altas y no pagarán atrasos. Y es que en esos trabajos anticipados las tasas las costeó el Concello, que pagó 70.000 euros por actualizar 1.171 bienes. Ante la inminente revisión de Hacienda, Arias dice que no consentirá que "a empresa que veña empece a facer actualizacións para lucrarse. O traballo aquí xa o fixemos, só pode detectar algunha omisión anecdótica", subraya.
Además de Castroverde, hasta el 30 de noviembre, fecha tope para cerrar la revisión catastral, otros diez concellos la afrontarán. Son Burela, O Incio, Monforte, Ourol, Palas, Pedrafita, Portomarín, Ribas de Sil, Riotorto y Taboada. Y, si no cambian las cosas, también llegará a esas zonas esta polémica a cuenta del Ibi.
