El proceso judicial en el que está inmersa la Cámara de Comercio de Lugo debido a las deudas que tiene pendientes con sus extrabajadores parece la historia interminable. Este viernes se celebró una reunión en el juzgado de lo Social número 2 —consultiva, no decisoria—, con el fin de buscar soluciones a alguno de los trámites que se han enquistado.
Tres fueron los asuntos sobre los que giró la reunión, a la que acudieron representantes del personal, la Cámara de Comercio, la Xunta de Galicia y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
Los letrados de los extrabajadores discrepan porque el dinero contado que entra en la Cámara de Comercio tendría que ser destinado a pagar a ese administrador
En ese orden del día se abordó qué se puede hacer con la que fuera la sede de esta entidad en la Avenida Ramón Ferreiro. El conocido como edificio rojo, que dentro de dos semanas cumplirá tres años cerrado, está embargado por los extrabajadores para compensar las indemnizaciones por despido y salarios adeudados. Esas cuantías pendientes millonarias superan la tasación del inmueble.
APLAZAMIENTO. A la espera de que la jueza acuerde subastar o no el edificio, la directiva de la Cámara solicitó una prórroga de un año para que la Diputación de Lugo pueda presentar una oferta de compra, pues en su día mostró su interés y cifró el precio en un millón de euros. Sin embargo, la vez que el organismo provincial fue requerido por el juzgado para que concretase esa propuesta, respondió que aún estaba estudiando, administrativa y contablemente, si podía concurrir.
Esa venta aligeraría la deuda de la Cámara con los extrabajadores, aunque se augura que de llegar a fructificar la operación el importe distará mucho del valor del inmueble, sobre el que existen tres tasaciones que oscilan entre 1,5 y 2,5 millones de euros, aproximadamente.
Otro trámite que podría aliviar la situación del personal es que se declare la insolvencia provisoria de esta corporación de derecho público. Algún exempleado lleva cuatro años esperando a que le paguen lo establecido judicialmente. Los demandantes esperan que así el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) les abone una parte de lo adeudado.
EN ENTREDICHO. Las posturas están más encontradas sobre la propuesta de que se nombre un interventor judicial para controlar las cuentas de la entidad, ingresos y gastos.
Los letrados de los extrabajadores discrepan porque el dinero contado que entra en la Cámara de Comercio tendría que ser destinado a pagar a ese administrador. Así que propusieron que la Xunta, como órgano tutelante de la entidad lucense, destine un funcionario a desempeñar esa labor. El representante de la administración autonómica lo descartó alegando que no se pueden permitir prescindir de un empleado público.
Esa alternativa fue planteada hace un mes por la directiva cameral con el fin de que "preserve tanto el ejercicio de las funciones públicas de la Cámara como los créditos e los trabajadores".
