La operación Cóndor investiga el reparto de sobres de 2.500 euros entre mandos del Ejército

El juzgado de la operación Cóndor investiga el reparto entre la cadena de mando de Ejército de sobres de 2.500 euros, que, se sospecha, llegarían periódicamente desde la empresa Monbus para el supuesto pago de favores por información privilegiada facilitada para la obtención de contratos de transporte de militares.

Fruto de estas pesquisas, Aduanas detuvo a una mujer, que suma el arresto número 11 de la operación, una venezolana que permanece desde el sábado en los calabozos de la Policía bajo la acusación de blanqueo de capitales. Esta mujer es empleada de Monbus y presuntamente ejercía de enlace entre la empresa y el Ejército.

La decisión de detener el pasado jueves a dos miembros del Ejército fue tomada por la jueza De Lara ante la sospecha de irregularidades en los contratos para el transporte de militares. Según pudo saber este periódico, se trataría de los dos polos de la supuesta trama, el de más alto rango y el de menor, es decir, un teniente coronel y un sargento. Las conversaciones telefónicas intervenidas recogerían al menos una conversación donde el alto mando revela información secreta sobre los concursos, con el fin de facilitar a Monbus la adjudicación.

Se trataría siempre de viajes extraordinarios. El transporte ordinario de militares lo efectúan normalmente dos Utes (Unión Temporal de Empresas). De una forma parte otra gran empresa de viajes española y de otra, la propia Monbus, y ambas se reparten al 50 por ciento los viajes. El negocio, sin embargo, se encontraría en los traslados fuera de programación, para los que también se hacía una adjudicación por vía de urgencia. Ahí es donde entraría el teniente coronel. Todos estos viajes se los llevaría la Ute donde está Monbus.

En el otro extremo está el sargento detenido, que declaró en la operación Cóndor asistido por un letrado de oficio. De Lara sospecha que este militar era el encargado de recoger los sobres, que trasladaría a sus superiores. Por ello, buena parte de los interrogatorios giraron en torno a quiénes se repartirían los sobres con 2.500 euros que llegaban a las oficinas de la Brigada Paracaidista de Alcalá de Henares, donde estaría centrado el presunto fraude.

El teniente coronel sigue imputado, por el delito de revelación de secretos, mientras que al sargento se le mantienen las imputaciones por falsedad y cohecho. Los dos quedaron en libertad el domingo. Fueron los últimos en prestar testimonio ante la magistrada del juzgado de instrucción número 1 de Lugo.

El principal implicado en el caso, Raúl López, intenta volver a su vida habitual y a su trabajo al frente de su conglomerado de empresas, que aparentemente no sufrieron ninguna alteración en el funcionamiento diario durante estos días, salvo el parón del primer día durante el registro a la sede central de Monbus en As Arieiras.

Ayer, López se presentó a las nueve de la mañana en los juzgados de Lugo para cumplir con la obligación impuesta por la jueza de comparecer lunes y miércoles de cada semana. Iba acompañado de su yerno, que también tiene que presentarse, aunque en su caso solo los lunes. Tampoco puede abandonar el país. Se trata de los dos únicos detenidos a los que se les impuso fianza, de 20.000 y 15.000 euros, que aún no abonaron al ser ayer el primero de los cinco días que tienen para el pago.

Por otra parte, la operación Cóndor no afectará al día a día de los hoteles que fueron registrados por Aduanas a finales de la pasada semana en Sanxenxo, según les comunicaron los propietarios a los trabajadores. De esta manera, el Carlos I Silgar, el Gran Talaso y Nuevo Astur de Vilalonga, auténticos motores económicos del turismo sanxenxino, continuarán trabajando con absoluta normalidad. Además, la dirección de estos negocios descarta que la causa judicial afecten a la plantilla y descarta despidos.