El juzgado insta a la Cámara a aclarar si tiene ofertas por la sede de Ramón Ferreiro

La autoridad judicial ha ido aplazando la subasta a la espera de un comprador. Hay dos tasaciones, una encargada por la entidad cameral, de 2,5 millones, y otra de 1,4

El juzgado de lo Social número 2 de Lugo le ha solicitado a la directiva de la Cámara de Comercio que informe detalladamente si tiene ofertas de compra por la antigua sede de la avenida Ramón Ferreiro en la capital lucense.

Esta solicitud se produce a raíz de que la directiva cameral presentase en esta instancia judicial la autorización de la Xunta, que es el órgano tutelante de esta corporación de derecho público, para vender el llamado edificio rojo de Ramón Ferreiro, que lleva más de dos años cerrado.

Este céntrico inmueble está embargado por el juzgado porque la Cámara de Comercio le adeuda alrededor de 2,5 millones de euros a una veintena de extrabajadores en concepto de atrasos salariales e indemnizaciones por sus despidos.

El juzgado de lo Social número 2 ha ido aplazando la convocatoria de una subasta pública para vender la sede de Ramón Ferreiro a la espera de que se concretase una oferta de compra.

La directiva cameral, presidida por Xabier Díaz, tenía negociaciones avanzadas con el gobierno de la Diputación de Lugo para que esta administración adquiriese por un millón de euros el edificio rojo, con el fin de restaurarlo para que acogiese el servicio de recaudación, que ahora se encuentra en un inmueble alquilado en la Rúa Tui de la capital lucense.

Pero ese acuerdo no se ha cerrado todavía debido a que el gobierno provincial no consiguió sacar adelante los presupuestos de 2016 hasta finales del pasado mes de junio. Aunque finalmente la Diputación presente esa oferta, la venta del inmueble dependerá de que los extrabajadores de la Cámara y el juzgado den su visto bueno.

El juzgado no ha fijado un precio. Encima de la mesa hay dos valoraciones. Una encargada por la anterior directiva cameral, que presidió Luis Abelleira, que asciende a 2,5 millones de euros, y otra solicitada por el juzgado a la empresa de tasación que suele trabajar para la administración judicial, que la cifró entorno a 1,4 millones.

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