El presidente de la Sala IV del Tribunal Supremo, Jesús Gullón, se mostró este viernes partidario de que el Gobierno actualice la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Lisos), sobre todo en materia de desempleo.
"La Lisos, que es del 2000, necesita un buen repaso. Han pasado muchos años, 16, por lo que hay que retocar muchas figuras y mejorarlas. Eso obviamente le corresponde al legislador", afirmó este magistrado.
Jesús Gullón abrió el viernes, con una conferencia sobre subsidio de desempleo y sanciones, la I Jornada Laboralista en Lugo, que organizaron el Colegio de Graduados Sociales de la provincia, que preside Manuel Núñez Carreira, y la fundación Justicia Social.
El presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera que los políticos "se tienen que poner manos a la obra, si quieren" en la regulación del ámbito del derecho del trabajo, más que en el de la Seguridad Social, que es bastante estable y no hay grandes cosas que hacer".
Este magistrado, que fue secretario general del Consejo General del Poder Judicial, le dio un tirón de orejas a las comunicaciones que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal –antiguo Inem– son "manifiestamente mejorables" porque "no se puede imponer una sanción de extinción del subsidio de desempleo en dos líneas".
"Cuando la administración sanciona lo ideal es que el administrado conozca las razones, por qué se le aplica un tipo concreto de sanción y las consecuencias. No siempre se hace con la extensión que a mí me parece que debería hacerse", dijo.
Gullón: "La Lisos necesita un buen repaso porque es de 2000. Hay que retocar muchas figuras y mejorarlas"
MÁSTER. En esta jornada se abordó también el futuro de la profesión a raíz de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que contempla que los graduados sociales entrarán a formar parte de la justicia gratuita en el orden social. Eso acarreará que, una vez obtenido el grado, para poder ejercer tendrán primero que realizar un máster, después el examen de Estado y por último colegiarse.
En la mesa redonda participaron la decana de la facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de Vigo, Ana María Pita; la directora de la escuela de Relaciones Laborales de Lugo, Mercedes Montes; su homólogo de la de A Coruña, Jesús Ángel Vázquez, y el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Pontevedra y Vigo, Raúl Gómez, que intervino como moderador.
Raúl Gómez, que es miembro de la comisión que desarrolla el reglamento sobre el turno de oficio, prevé que las cuatro escuelas universitarias o facultades que hay en Galicia (Vigo, A Coruña, Santiago y Lugo) dispondrán de un máster para el curso 2018-19.
"No podemos quedarnos en una carrera más de cuatro años para después plagar de administrativos cualquier empresa", dijo el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Pontevedra y Vigo, que añadió que "nadie sabe más que nosotros de derecho del trabajo, que estudiamos durante cuatro años".
DEFENSA DE PROFESIÓN. Raúl Gómez considera que "a nivel de los sindicatos y de la patronal el graduado social tiene que ser un asesor y un técnico importante".
En esa reivindicación del papel que juega esta profesión coincidió el presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España, Javier San Martín, que aprovechó la presencia en la inauguración del presidente de la Diputación, Darío Campos, y de la delegada territorial de la Xunta, Raquel Arias, para demandar a estas administraciones que en las próximas convocatorias de empleo público reserven plazas específicas para graduados sociales por su conocimiento del derecho del trabajo.
San Martín afirmó que los graduados sociales le quitarían "carga de trabajo" a los jueces de lo Social, que están "colapsados", porque ciertas demandas terminan en esta instancia debido a que "no existe especialización" por parte de quien las plantea.
