Sergio Orduña, el magistrado que dirige el juzgado de Instrucción 3 de Lugo, rechazó la posibilidad de poner en libertad a Pablo G.A., acusado de varias agresiones sexuales, al considerar que los datos médicos de los que se dispone hasta el momento no indican que no pueda seguir su tratamiento dentro de prisión. La decisión definitiva, no obstante, sigue pendiente de que se presente el informe forense que se encargó sobre la salud mental del investigado, que debe determinar si está en condiciones de ser acusado.
El magistrado ha comunicado esta decisión tras recibir el informe de los servicios médicos de la prisión que había solicitado, en el que se da cuenta de que sigue ingresado en el módulo de enfermería, donde permanece desde que entró en prisión, en noviembre de 2015, acusado de una decena de agresiones sexuales en Lugo. Según los médicos de la cárcel, está estable dentro de su cuadro ansioso depresivo, en tratamiento y pendiente de ser recibido por otros especialistas médicos.
En esta situación, el instructor no encuentra motivos para determinar la puesta en libertad, si bien sigue pendiente de recibir el diagnóstico que encargó al equipo forense del Imelga sobre su estado físico y mental, que parece que será más decisivo y que todavía está en fase de redacción.
Estos informes fueron solicitados por el juzgado tras el escrito presentado al respecto por la defensa del acusado, en el que alertaba del supuesto estado «lamentable» que presentaba y reclamaba que se determinase el tratamiento que necesitaba y si este podía prestarse en prisión «o requiere su internamiento en un centro especializado».
En su escrito, el abogado incluso daba a entender que la situación mental de su defendido era tal que incluso estaría incapacitado para entender los delitos de los que se le acusa, con lo que abría la puerta a la inimputabilidad en un caso en el que el propio Pablo G.A. había reconocido que perseguía y atacaba a mujeres por un «impulso» incontrolable.
Pablo G.A., de Portomarín, fue detenido como el supuesto autor de una decena de agresiones sexuales a lo largo de más de dos años, una trayectoria que finalizó después de que en noviembre de 2015 su última víctima acudiera a denunciar una violación y aportara a la Policía el nombre, la descripción y la matrícula del coche del sospechoso. Este ya había sido identificado seis meses antes por la propia Policía como el presunto autor de los ataques, sin que se hubiera procedido a su detención.
