Siete años después de que el juzgado de instrucción 3, entonces dirigido por Estela San José, abriera la operación Bebé, el mismo juzgado, ahora con Sergio Orduña al frente, ha dictado el archivo por sobreseimiento libre. En su auto, el juez limita la mayor parte de los asuntos que se han visto a meras irregularidades y discrepancias que, en cualquier caso, serían competencia del derecho civil, no del penal.
En la operación Bebé se llegaron a reunir más de una decena de expedientes de retirada a sus madres de niños que, posteriormente, fueron dados en adopción, siempre con la intervención del Servicio de Menores de la Xunta en Lugo, donde trabajaban la mayor parte de la quincena de personas que fueron investigadas en esta instrucción. En varios de esos expedientes tuvo también participación el Hogar Madre Encarnación, el centro de acogida pagado por la Xunta y gestionado por monjas por el que pasaron algunas de las madres y de los bebés. La monja que dirigía el hogar también fue imputada.
La investigación se abrió en abril de 2009, con la denuncia de un padre porque no estaba de acuerdo con la declaración legal de desamparo del hijo que había tenido con una de las mujeres afectadas. Poco después, la denuncia fue archivada ya que se le comunicó al padre que contra la resolución de Menores debía acudir a la vía civil. Un año después, en abril de 2010, se unió a la causa un escrito presentado por un grupo de abogadas en el que se daba cuenta de procedimientos "completamente irregulares, sin indicación de las concretas irregularidades", dice el auto del juez Orduña.
Con ese escrito, la jueza Estela San José ordenó la entrada y registro en el Hogar Madre Encarnación y en el Servicio de Menores de Lugo, en busca de pruebas de posibles delitos de falsedad documental, prevaricación y desobediencia grave a la autoridad. Poco después, San José decidió abstenerse al reconocer que le unía una gran amistad con una de las abogadas denunciantes, por lo que la causa pasó al juzgado número 2, donde se llevó a cabo grueso de la instrucción hasta que la San José se fue de Lugo y la causa pudo volver a su juzgado de origen, el 3.
Ahora, Sergio Orduña, con el apoyo de la Fiscalía, determina que "esas supuestas irregularidades se señalan de forma genérica, sin concreción y omitiendo que esas resoluciones administrativas pudieron, y así sucedió en múltiples casos, ser recurridas en la vía de la jurisdicción civil". Además, el juez descarta las funcionarias imputadas de Menores y de otras administraciones locales prevaricaran, ya que sus resoluciones, independientemente de su contenido, no fueron manifiestamente injustas.
