El Ine pagó el edificio Portela como si estuviera en buen estado sabiendo que estaba mal

El organismo público rechaza comentar la imputación de malversación y prevaricación a dos de sus directivas por una compra en la que se ignoraron tanto informes técnicos y legales como una oferta 600.000 euros más barata
El sanatorio de Portela, en obras
photo_camera El sanatorio de Portela, en obras

La investigación del caso Garañón, en esta fase centrada en la compra del sanatorio Portela como sede del Instituto Nacional de Estadística (Ine), amenaza con poner contra las cuerdas a los responsables del organismo público que autorizaron la compra. No solo porque, según figura en sumario, se pagara por él 600.000 euros más sin mayor justificación, sino porque se ignoraron los informes que determinaban su mal estado y se aceptó la tasación como si estuviera en buenas condiciones. El resultado es que el Ine ha tenido que invertir otros 1,8 millones en su rehabilitación.

La jueza instructora, Pilar de Lara, decidió citar como investigadas por estos hechos a la secretaria general del Ine, Natividad Domínguez Calaveras, y a una de las jefas de área, Pilar Rocasalbas Vázquez, a las que imputa supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación. La magistrada criticaba además la «actitud obstruccionista del Ine, que ha ocultado información al juzgado».

Pese a ello, el Ine rechazó ayer dar cualquier explicación al respecto. «Es conveniente precisar que lo que se está investigando es una operación puntual en Lugo del año 2006. En la medida que se trata de un proceso judicial abierto, entendemos que no procede realizar declaraciones al respecto», fue la única respuesta obtenida por este diario del gabinete de prensa del organismo público.

Una de las incógnitas que la investigación trata de despejar es el motivo por el que Ine aceptó pagar 1,8 millones de euros en base a un tasación externa que reflejaba que el sanatorio Portela estaba en buen estado, cuando una experta del Estado enmendó posteriormente ese informe para destacar el pésimo estado de conservación en el que se encontraba.

Según se desprende de la documentación del caso y de las declaraciones en el juzgado, de la tasación se encargó Improasa, una empresa estatal dependiente del Ministerio de Hacienda encargada de las tasaciones de inmuebles, informes urbanísticos y asistencia técnica de toda índole en materia inmobiliaria en todo el territorio nacional. En un primer momento, al no disponer de personal propio en Galicia, encargó el informe a un arquitecta coruñesa. Ella valoró el edificio en 1.850.000 euros, tras considerar que se encontraba en muy buenas condiciones y que solo el semisótano y bajocubierta estaban peor.

Sin embargo, Improasa envió posteriormente a una de sus técnicas, experta en valoración de edificios públicos, que consideró que el sanatorio era muy deficiente debido a su antigüedad y al mal estado de conservación. No señaló, no obstante, ninguna cantidad específica de tasación.

DESCARTE. Con ambos informes, el Ine parece que despreció la opinión de la experta oficial y aceptó pagar los 1,8 millones propuestos por la primera tasadora. En estos momentos, el organismo público sigue con las obras de rehabilitación del edifico, que presupuestó en otros 1,8 millones.

Esa inversión de 1,8 millones era, pese a todo, menos que los 2,7 que el vendedor había solicitado en una primer momento. Pero, a la vez, eran 600.000 más de los que el Ine hubiera tenido que pagar de aceptar una oferta que tuvo apenas un año antes, que le había trasmitido su delegado provincial en Lugo.

Sin que de momento se sepa la razón, ignoró dicha oferta, que además tenía la ventaja de que incluía más terreno que el que finalmente adquirió, ya que una franja del mismo fue segregada para ser vendida por 250.000 euros a la empresa propietaria de la caseta de Telefónica, colindante con el sanatorio Portela.

Esta operación se llevó a cabo, si bien finalmente el Concello denegó la licencia de segregación, lo que pesó además en la posterior denegación de licencia para construir en la antigua caseta de Telefónica.

La gran beneficiada por todo esto parece ser, en principio, la empresa que adquirió el sanatorio al primer precio para vendérselo al Ine por 1,8 millones.