El gobierno local tiene previsto llevar de nuevo al pleno del próximo jueves las facturas por importe de 2,3 millones que precisan de un reconocimiento extrajudicial de crédito para ser pagadas, pero que quedaron bloqueadas al no aceptar el PP y Ace-EU que se aprobasen de forma conjunta.
En esta ocasión irán divididas en dos lotes, tal y como había propuesto el BNG, de tal forma que en uno se incluirán las que no tienen reparos de legalidad por parte del interventor —pero que al ser anteriores a octubre de 2016 necesitan de un crédito extraordinario— y en otra aquellas que sí tienen objeciones. Además, también se llevará a pleno un tercer lote por importe de 37.845 euros correspondientes a facturas eléctricas conformadas y sin reparos de legalidad.
Las facturas de este paquete, que ascienden a unos 519.000 euros, corresponden a pagos por trabajos encargados por diferentes concejalías como la de cultura
Con esta decisión el gobierno local acepta la propuesta que había planteado el nacionalista, Rubén Arroxo, durante una reunión convocada el pasado día 12 por la alcaldesa y en la que saltaron las chispas tras aludir Lara Méndez a un informe jurídico en el se advertía a los ediles de su responsabilidad penal en caso de bloquear de nuevo los pagos.
Finalmente, y tras la alternativa planteada por el BNG, el ejecutivo se comprometió a estudiarla, aunque a pesar de darle ahora el visto bueno parece que solo está garantizado que salga adelante en el pleno el paquete de facturas sin reparos, por un importe de 1,8 millones, que se corresponde con pagos pendientes con compañías eléctricas.
Sin embargo, el otro lote no contaría en principio con el apoyo favorable de ningún grupo de la oposición, por lo que si PP y Ace-EU vuelven a votar en contra tampoco saldrían adelante como en el anterior pleno, al superar sus 10 votos los 8 del PSOE.
Las facturas de este paquete, que ascienden a unos 519.000 euros, corresponden a pagos por trabajos encargados por diferentes concejalías como la de cultura, en los que el PP asegura que hay una "total falta de procedemento", aunque también hay otros por servicios como el de lacería, que presta la Protectora de Animales, una entidad que llegó a solicitar ayuda urgente hace unas semanas por su falta de liquidez porque el Concello no le abona las facturas.
Además, en este lote figuran recibos presentados por la empresa que gestiona la estación depuradora de aguas y la potabilizadora, que llevan años sin contrato y que el PP advierte de que incluso podrían derivar en una intervención judicial. Asimismo, también hay una de la empresa que gestiona la grúa municipal, investigada en el caso Pokemon.
