El gobierno local estudia la posibilidad de fichar a un experto en recursos humanos para llevar a cabo una reorganización del personal municipal y de los servicios del Concello y para ocuparse de su gestión de forma permanente. Sería a través de la figura de un director general, a la que Lugo podría recurrir por estar acogido a la Ley de Grandes Ciudades. De hecho, durante los mandatos de Orozco ya tuvo dos directores de la Policía Local y uno de nuevas tecnologías.
El concejal de personal, Daniel Piñeiro, explicó que el planteamiento que Lugonovo hizo en este sentido no es nuevo, sino que es una posibilidad que el gobierno local no descartó en ningún momento. "Queríamos ver primeiro o que había, como funcionaba o Concello, como estaban as cousas", explicó el edil, que, no obstante, quiso dejar claro que no hay nada decidido aún y que esta es "unha das opcións que se están barallando".
El gobierno de Lara Méndez coincide con Lugonovo en que es prioritario reorganizar los recursos del Concello y tomar muchas decisiones en materia de personal, una apreciación compartida en realidad por toda la oposición porque es una necesidad objetiva. Hay servicios deficitarios -algunos ejemplos son bomberos, donde este año se jubilaron cinco trabajadores, y arquitectura, con poco personal y sin jefe desde hace meses, por la misma razón-; áreas mal organizadas (el registro, aguas y servicios eléctricos son algunos ejemplos); funcionarios que intentan aprovechar la debilidad del actual gobierno para consolidar o mejorar sus condiciones o simplemente para ejercer poder, y una relación de puestos de trabajo desfasada, ya que el documento está muy alejado de la plantilla real. La funcionarización del personal laboral es otro de los asuntos que el anterior gobierno dejó pendientes, así como la convocatoria de plazas de ofertas de empleo aprobadas en años pasados.
Toda la corporación, incluido el equipo de gobierno, coincide en que la gestión del personal se descuidó en los últimos años. "Quizais había outras prioridades, estaba a crise, e a lexislación tamén abocaba a iso. Non permitía contratar e abocaba a externalizar servizos", afirma Piñeiro, aunque la realidad es que muchos servicios se externalizaron antes de que hubiera restricciones a la contratación.
Ante esta situación, el gobierno no descarta crear un servicio de recursos humanos «máis potente», al frente del cual estaría un experto en la materia. Porque otro de los retos que tiene por delante es que al Concello le queda un año de plazo para la puesta en marcha de la administración electrónica, de manera que algunos servicios solo van a poder ser prestados de forma telemática.
El nombramiento de directores generales en anteriores etapas fue muy contestado por el BNG y la forma en que ejerció alguno de ellos provocó muchas críticas del PP y de algún sindicato. El consenso podría ser ahora mayor, dada la situación que vive el Concello. Esta semana, una proveedora cortó la luz en tres centros municipales durante unas horas porque en los servicios eléctricos se dejaron de tramitar facturas por una reivindicación laboral. El Concello cuenta con un salario libre, el que dejó José Manuel Díaz Grandío.
El Concello de Lugo, como muchos otros, se enfrentará en las próximas semanas a una situación inaudita. Ha recibido un comunicado de la administración central en la que se le insta a que pase por alto la Ley de Racionalización y Sostenibilidad y, a partir del 1 de enero, siga ocupándose de las competencias en materia de servicios sociales, que en este momento, y hasta el 31 de diciembre, estaba prestando por delegación de la Xunta.
La indicación supone vulnerar la ley porque esta dice que, para que las comunidades autónomas pudieran mantener delegadas esas competencias en los concellos, «esa delegación deberá adecuarse a los establecido en los artículos 7, 27 y 57 bis de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, antes del 1 de enero de 2016. Si a dicha fecha no se ha producido tal adaptación [lo que no se ha hecho], la delegación quedaría sin efecto», recoge la ley.
Piñeiro explicó que los servicios jurídicos de la Femp están estudiando la validez de ese comunicado. El Concello de Lugo tiene una amplia red de servicios sociales, a la que dedica buena parte de sus recursos.
