El empresario acusado de blanqueo declara que sus negocios eran legales

El fiscal pide cárcel y 4,5 millones de multa a él y su exmujer, que se desvincula de la gestión

El empresario lucense acusado de blanqueo de capitales, J.C.F.S., aseguró ayer en el juicio que todos los negocios que tuvo entre 2003 y 2009 fueron completamente legales. "Creé muchas empresas para hacer negocio con ellas y todas tenían actividad, empleados e ingresos. Era la época del auge en las telecomunicaciones y yo la aproveché. Tengo don de gente, soy buen comercial y tengo vista para los negocios, por eso fui ampliando mi actividad", dijo.

El acusado explicó que trabajaba de camarero en un bar y vio que había negocio en la explotación de la cabina teléfonica, por lo que se fue introduciendo poco a poco en el sector. "Empecé con las cabinas y luego fui montando empresas de telefonía móvil. En aquella época, en una sola tienda se podía hacer en un solo día una caja de 8.000 euros solo con las recargas", explicó. El hombre aseguró que creó multitud de empresas "porque había negocio", e insistió en que todas ellas tenían actividad. "Llevo diez años esperando este juicio para poder explicarlo", comentó.

Durante el juicio, que se celebró en la Audiencia, también declaró como acusada su exesposa, M.B.L.L. La mujer reconoció que había cuentas y propiedades a su nombre, pero aseguró que todo lo gestionaba su marido. "Yo no tengo ni idea de como funcionaban los negocios. Nunca hablé con vendedores ni bancos. Había locales a mi nombre, pero yo no tenía ningún poder sobre ellos. Yo simplemente me fiaba de él y hacía lo que me decían", declaró.

El fiscal explica en su escrito de conclusiones provisionales que el acusado fue adquiriendo a partir de 2003 participaciones de sociedades mercantiles en diversas provincias españolas, dedicadas a informática, comunicación, telefonía, automoción o metalurgia, para hacerse con su control y utilizarlas después con el fin de intentar legalizar el dinero negro que percibía. El fiscal atribuye a la pareja unos ingresos millonarios a lo largo de esos siete años y mantiene que los utilizó para adquirir propiedades inmobiliarias y vehículos de alta gama.

El ministerio público cita por ejemplo ingresos de más de 800.000 euros en alguna anualidad en cuentas corrientes que estaban a su nombre, que recibían de las empresas de las que eran socios, "sin que estas hubieses realizado facturación alguna".

El fiscal pide para el hombre tres años de cárcel y tres millones de euros de multa. Para la mujer solicita dos años y tres meses de prisión, así como 1,5 millones.

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