Captar, potabilizar y suministrar el agua a los hogares y las industrias y devolverla después al río, previo proceso de depuración, cuesta casi 9 millones de euros (8.870.944 euros, en concreto en 2015). El Concello cobró el ejercicio pasado a los ciudadanos 5.633.697 euros por prestarles esos servicios, de manera que ambos sumaron un déficit de 3.237.247 euros. Esto es, el abastecimiento y el saneamiento nos costó 8.869 euros al día a todos los lucenses. No es el único servicio deficitario –ni siquiera el que más, aunque sí el más necesario–, como recuerda año tras año el interventor municipal en sus informes, en los que insta a promover una actualización tarifaria, especialmente en aquellas tasas de "especial incidencia cuantitativa".
La corporación aprobó esta semana cambios en una veintena de tasas y precios públicos, pero hay otras tantas que no tocó y entre ellas se encuentran los impuestos que, como recordó el BNG, más dinero aportan al Concello, como el Ibi y el impuesto de circulación, además de tasas de servicios que son enormemente deficitarios. A ese otro grupo de tributos y precios públicos ni siquiera se les aplicará la subida del IPC, porque para eso tendrían que ir a pleno y el equipo de Lara Méndez ha decidido no llevarlas, al igual que el año pasado y al igual que hizo José López Orozco en sus dos últimos años de gobierno, en minoría.
Esa falta de actualización tarifaria reduce la capacidad recaudatoria del Concello y en consecuencia, sus posibilidades inversoras, y abocará a una subida fiscal mucho más brusca cuando toque. E impopular, de ahí que los sucesivos gobiernos la vayan postergando. Entre otras razones porque, aunque los presupuestos municipales se han reducido considerablemente en los últimos años, la capacidad para gestionarlos también se ha visto mermada. De hecho, la administración local lleva años acumulando remanentes y este ejercicio ha tenido que destinar la mayor parte a amortizar deuda porque, al haber excedido el plazo de 60 días de pago a proveedores que fija la Lei de Facendas Locais, sus posibilidades de inversión se ven limitadas.
La falta de actualización tarifaria reduce la capacidad inversora del Concello y aboca a una subida más brusca en el futuro
Para Ciudadanos, esa falta generalizada actualización tarifaria es "una irresponsabilidad". En el caso del agua, el enorme desfase entre gastos e ingresos se debe a que, durante los mandatos de Orozco, el Concello hizo un gran esfuerzo en la modernización del ciclo, con la construcción de nuevas plantas de potabilización y depuración y la mejora de la red general y, aunque recibió ayuda externa, también se endeudó y todavía está pagando créditos.
Sin embargo, en todo ese tiempo, el Concello apenas revisó las tarifas del agua. Durante varios años hubo congelación de impuestos y tasas, en otros se actualizaron solo con el IPC y las únicas modificaciones importantes se produjeron en 2009, con un cambio de modelo para primar el ahorro, y en 2012, con un incremento del 5%, en el intento de ir equilibrando la recaudación al coste de los servicios, según se explicó entonces.
A lo anterior se suma que hace tiempo que no hay planes de lucha contra el fraude en el agua. En alguna época sí se llevaron a cabo, ya que había particulares y también muchas industrias, sobre todo en O Ceao, enganchadas a la red sin estar dadas en alta. En 2008, el Concello elaboró 700 partes de incidencias por fraude.
Por otro lado, en la zona rural no se cobra la tasa de recogida de basura desde los tiempos del concejal Francisco Fernández Liñares. Esta tasa se abona en el recibo del agua y del saneamiento y como en la mayor parte de las parroquias no hay ninguno de estos servicios, y la recogida de residuos no es diaria, el edil socialista decidió eximir a los vecinos de ese pago. Eso, a pesar de que el Concello cotiza a la empresa en función de los kilómetros que recorre, y gran parte los hace por la zona rural.
Hay que recordar también que la empresa que gestiona la potabilizadora y la depuradora (Gestagua) lo hace con el contrato caducado desde hace cinco años, como denuncia reiteradamente el PP, quien estima que, en un nuevo proceso de licitación, la administración podría ahorrar en torno a un 20%.
Y no hay que olvidar que existe una directiva marco de la Unión Europea que insta a equilibrar costes e ingresos en los servicios del agua, de cara a promover un consumo responsable de un recurso que es limitado.
La falta de renovación de contratos impide obtener ahorros y las empresas de telecomunicaciones no tributan nada
Pero no es el agua el único servicio deficitario. La recogida de basura costó a la ciudad 6.874.091 euros el año pasado (a lo que hay que sumar 1.851.699 euros pagados a Sogama por el tratamiento de los residuos) y el Concello ingresó 6.936.346 euros.
A la empresa del bus, la administración le pagó 2,2 millones de euros en 2015 porque, en billetes, Monbus solo recaudó 978.121 euros.
Pero el récord lo ostenta la grúa. El déficit de este servicio, que gestiona la empresa Cechalva, fue de 579.784 euros el año pasado. En 2014, último año completo de funcionamiento de la Ora, los conductores pagaron 466.342 euros en tasas y la concesionaria (Doal) entregó 93.268 euros al Concello (el 20%, según establecía el contrato).
Los museos son gratuitos desde 2013 porque, a la vista de su deficitario funcionamiento, el Concello decidió dejar de cobrar. En 2015 tuvieron un coste de 229.706 euros, dinero que en su mayoría fue a la empresa que los gestiona, Sermasa. Se da la circunstancia de que esta firma, Cechalva y Doal forman parte del grupo Vendex, investigado por la presunta obtención ilegal de contratos públicos en varios ayuntamientos, incluido el de Lugo, a cambio de comisiones.
CONTROL. La falta de control sobre los contratos es una de las críticas unánimes de la oposición, quien la atribuye a un déficit de gestión política. Los anteriores datos apuntan a que, efectivamente, algunos contratos son una sangría para los lucenses. De ahí que las modificaciones y las bonificaciones en las ordenanzas fiscales que se han aprobado esta semana sean, en opinión de Lugonovo, "cascarilla".
La formación cree que la administración deja de recaudar mucho dinero porque es "inoperativa" –tiene una inspección fiscal "desmantelada", apunta como ejemplo– y por la inexplicable existencia de vacíos como el de las telecomunicaciones. Estas compañías no pagan nada por el aprovechamiento que hacen de la vía pública para el despliegue de sus redes e infraestructuras. El Ayuntamiento de Vigo recauda unos 800.000 euros al año por este concepto, según la información que recabó el grupo municipal.
Según informó el gobierno lucense esta semana, el Concello detectó en 2016 un fraude fiscal de 419.000 euros, correspondiente en su mayoría al impuesto de plusvalías, que. Según Lugonovo, es el único que se inspecciona.
