El Consello de la Xunta tiene previsto en la reunión de este jueves dar el visto bueno a la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la colección de orfebrería áurea de Álvaro Gil Varela, que hace tres meses volvió al Museo Provincial de Lugo después de un acuerdo entre los herederos del filántropo lucense y el gobierno provincial.
La colección se trata de un conjunto de 44 piezas, entre las que destacan el Carnero Alado y el Torques de Burela, que son un exponente de las distintas formas y técnicas empleadas en la elaboración de joyería pre y protohistórica del Noroeste peninsular, es decir, abarca un amplio período que va desde el Bronce inicial hasta la ocupación galaico-romana en el siglo II después de Cristo.
Según consta en los informes que proponen la declaración como BIC, "la singularidad de esta colección la convierte en una fuente única de conocimiento histórico para el estudio de la tecnología y la sociedad de estos períodos cronológicos en Galicia".
Los herederos de Álvaro Gil recuperaron tras una sentencia la colección, que volvió al Museo Provincial tras un acuerdo de venta
Tal como establece la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, la declaración como BIC de este legado histórico garantiza la máxima protección y tutela para esta colección y su utilización queda subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejan su conservación.
La propuesta de concesión de este título por parte de la Xunta contó con los informes favorables de la Real Academia Galega de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario, el Consello da Cultura Galega y la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago.
La colección de Álvaro Gil retornó en febrero pasado al Museo Provincial de Lugo tras 14 meses almacenada en la caja de seguridad de un banco, adonde la llevaron los herederos después de que una sentencia judicial les acreditase como titulares. Tras varios meses de negociación con la Diputación, se logró un acuerdo de venta que supuso el pago por parte del ente provincial y en cinco anualidades de unos tres millones de euros, 600.000 de costas judiciales y 2.346.200 por las piezas.
Tras el retorno de la colección a la sala donde estuvo expuesta durante años, la Diputación puso en marcha una campaña de promoción que multiplicó las visitas al Museo Provincial.
