El Ministerio de Medio Ambiente ha dictaminado que debe ser la Xunta quien autorice o no el dique provisional construido en el río Miño para la obra de la fábrica de la luz, pero ahora la Confederación Hidrográfica y el Concello de Lugo discrepan sobre quién debe tramitar esa solicitud de revisión de la declaración de impacto ambiental.
La empresa adjudicataria de la rehabilitación y la explotación de la fábrica, la asturiana Inca, hizo el dique unos 150 metros más arriba del lugar donde fue autorizado, según la tesis de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, que fue quien autorizó y luego paralizó la obra. La empresa sostiene que la CHMS interpretó mal los planos y que el dique se hizo en la única zona posible para el desarrollo de la obra, pero a fin de cuentas, dado que la obra fue paralizada, se vio en la necesidad de intentar legalizarla.
La firma presentó la documentación ante la Confederación, que a su vez la remitió al Ministerio para que este se pronunciara sobre si esa modificación puede acogerse a la declaración de impacto ambiental vigente o si debe iniciar una nueva. El ministerio ha descargado esa responsabilidad en la Xunta, alegando que el fin último de la obra es la producción eléctrica y que las autorizaciones relativas a esta son competencia autonómica. Aunque de la misma manera que expone este argumento, informa de que «se ha dado traslado de las peticiones recibidas relativas a la revisión de la declaración de impacto ambiental a la secretaría general técnica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para su consideración».
La CHMS remitió la respuesta del ministerio al Concello -la empresa aseguró este lunes que no había recibido nada-, pero el gobierno local interpreta que es la Confederación quien tiene que continuar con la tramitación de la autorización. Argumenta que es la CHMS quien autorizó y paralizó la obra y quien tiene el expediente y que, en el escrito que le envió, en ningún momento se dice que debe ser la administración local quien continúe con el proceso.
Sin embargo, la Confederación sostiene que, «segundo a normativa vixente, a tramitación do expediente de avaliación de impacto ambiental corresponde ao promotor (Concello de Lugo)».
El gobierno local intentará aclarar este martes la situación con la Confederación, ya que le preocupa que el dique provisional se mantenga en el río. Según el contrato de adjudicación, Inca tiene de plazo hasta mediados de noviembre para acabar los trabajos.
