La vista celebrada este martes en el juzgado contencioso-administrativo número 2 de Lugo por la reclamación de pagos de un empresario al Concello sirvió para que el gobierno local admitiera, a través de su representante legal, deficiencias en la tramitación interna de las facturas de los proveedores y para que se comprometiera a abonar la parte que tiene pendiente con este proveedor (unos 92.000 euros), al que además deberá pagar intereses.
Así, la demora en los pagos municipales no solo perjudica a los contratistas —en el caso del mencionado empresario, le llevó a contraer deudas con sus proveedores, los bancos, la Seguridad Social y Hacienda— sino también a las arcas públicas. Por la reclamación que se trató este martes en el juzgado (ascendía a 35.476 euros, aunque de esta cantidad ahora tiene pendiente 25.0031), el Concello deberá abonar unos 1.200 euros en intereses.
Este empresario tiene pendiente otro juicio por otro lote de facturas, por el que su letrado, Marcos Otero, de Salvatierra Abogados, calcula que la administración local tendrá que pagar al menos la misma cantidad en intereses. "El Ayuntamiento pierde dinero por la deficiente gestión, ya que los intereses oscilan entre el 8 y el 8,5%", explica Otero, quien recuerda que el litigio arrancó hace casi un año, después de que el Concello no respondiera a una primera reclamación de los pagos por vía administrativa.
Este empresario llegó a acumular más de 100.000 euros en facturas pendientes de cobro, la mayor parte de ellas correspondientes a trabajos encargados directamente por funcionarios o políticos sin autorización previa de gasto porque eran obras "de emergencia" o "de relativa urgencia" y su importe no superaba los 5.000 euros.
El gobierno local, a través de su letrado, reconoció demoras en los pagos por varias jubilaciones coincidentes en el tiempo y por fallos en el sistema de tramitación electrónica de las facturas. En sede judicial, el abogado del Concello dio cuenta del estado de tramitación de distintas facturas y manifestó el compromiso de la administración de abonar las cantidades pendientes. Las más antiguas (tres) son de 2015 y la mayoría de las restantes, de 2017. El Concello informó de que ha autorizado ya el pago de varias, pero el empresario asegura que los últimos cobros son de febrero, a excepción de un recibo de 600 euros que percibió en las últimas semanas y precisó que la cantidad que recibirá por intereses no le compensa, "porque eu pago máis no banco do que me pagan eles".
