El gobierno local ha dictado un decreto en el que vuelve a ordenar, ahora en principio de forma definitiva, a los propietarios del céntrico aparcamiento de la Rúa Ánxel Fole su cierre debido a que no dispone de licencia de obra, ni de proyecto de urbanización. La empresa, Estacionamientos Lucenses S.L., tendrá en principio que echar la llave cuando reciba la notificación municipal.
A la afectada le cabe presentar contra esta resolución, en el plazo de un mes, un recurso potestativo de reposición ante la junta de gobierno local o si no, en dos meses, entablar un contencioso-administrativo en el juzgado. Si opta por el primer procedimiento, tendrá que esperar a que sea desestimado para acudir a la vía judicial.
Su cierre supondrá un inconveniente para los conductores que suelen acudir en su vehículo al centro para trabajar, comprar o realizar trámites, debido a que este aparcamiento público en superficie y subterráneo, de casi 10.100 metros cuadrados, cuenta con 376 plazas. El de la Rúa Ánxel Fole, que recibe unos 1.200 vehículos a diario, es el párking del centro que tiene más plazas. Entre los tres subterráneos, Entre los tres subterráneos, los de las plazas de Santo Domingo, San Fernando y Constitución, suman poco más del doble, unas 820.
Esta es la segunda vez que el Concello dicta una orden de cierre. La anterior fue en diciembre del año pasado. Los propietarios consiguieron entonces paralizarla porque presentaron un proyecto para intentar legalizarlo, pero este fue rechazado.
El PP augura que el cierre del párking "empeorará" los problemas de tráfico en el recinto histórico
Ese último proyecto con el que la empresa intentó salvar la situación contempla, con respecto a los anteriores, una ampliación de las plazas en superficie, por lo que "no es autorizable" de acuerdo al Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del casco histórico, tal y como recoge también el decreto firmado el pasado martes por el concejal de desarrollo sostenible, Daniel Piñeiro.
El gobierno local da traslado de esa resolución a la sección de policía y al negociado de disciplina urbanística para que lleven a cabo las actuaciones que procedan para que se cumpla la legalidad, es decir la imposición de sanciones económicas.
VIENE DE VIEJO. Este procedimiento es una patata caliente heredada por el actual gobierno local. En 2009 el Concello de Lugo ya informó desfavorablemente a la solicitud de autorizar un aparcamiento público, que entonces era para 291 plazas.
Incluso a finales de 2012 tramitó un expediente de restauración de la legalidad urbanística, en el que desde el consistorio se advertía a la empresa de que si no demolía las obras realizadas sin licencia municipal —rampa de acceso al subterráneo, cambio de ubicación de las chimeneas de ventilación o la construcción del espacio en el que están las cabinas de control y las máquinas para pagar los tiques— le impondría multas coercitivas, mes a mes, de 1.000 a 10.000 euros.
PROBLEMAS AGRAVADOS. El grupo municipal del PP, que dio a conocer el miércoles este decreto, augura que el cierre de este párking "empeorará aún más si cabe el tráfico en el casco histórico". Su portavoz, Antonio Ameijide, acusó al gobierno local de "falta de previsión" y de "no tomar ningún tipo de medida para solucionar el grave problema que tenemos en la ciudad con el tráfico".
"Los bandazos del gobierno en materia de tráfico perjudican gravemente a vecinos y comerciantes y limitan el acceso al centro de la ciudad", apuntó este concejal.
Ameijide puso como ejemplos que no tiene alternativa al sistema de aparcamiento Ora que suprimió hace dos años; que no ha aplicado el plan de reconvertir cada tres plazas en dos en los subterráneos, ni ha acondicionado aún los ocho aparcamientos disusorios previstos, o que el transporte urbano "no es una alternativa" para que los lucenses dejen sus vehículos particulares en el garaje.
