El Concello ordena cerrar el párking Ánxel Fole por la falta de licencia

El gobierno municipal decretó la semana pasada una orden de suspensión de la actividad del aparcamiento Ánxel Fole "mentres non dispoña de licenza ou atorización municipal que habilite o exercicio da actividade". Además, el equipo de gobierno multa con 600 euros a la propiedad de las instalaciones, la empresa Estacionamentos Lucenses. El equipo de Lara Méndez le da de plazo hasta el 9 de enero para cerrar el aparcamiento. Si no lo hace, ese día la sección de Policía e Transporte precintará el establecimiento, para lo que se dispondrá en el lugar los agentes necesarios para garantizar el normal desarrollo de la clausura. Deberá levantar acta de la misma la secretaria del pleno.

El gobierno local cierra de esta manera el expediente administrativo que inició hace años, a raíz de la ampliación del aparcamiento. En ese momento, los servicios de urbanismo del Concello detectaron una infracción en estas instalaciones y, tras ser advertida la empresa propietaria, se iniciaron los trámites para la legalización de las obras. La propuesta de la propiedad fue rechazada en varias ocasiones. El Concello basó su decisión en los informes de los técnicos municipales, en los que se constataba que no se podía edificar en la superficie del aparcamiento en tanto no se desarrollase la unidad de intervención UI-1, al estar incluidos estos terrenos en ese polígono de actuación.

En concreto, la edificación cuestionada por los técnicos es el acceso peatonal al párking subterráneo, donde se ubica la cabina y las máquinas de pago de los tiques. Además, en su momento se esgrimió que los trabajos que se pretendían legalizar no eran "pequenas reformas, senón obras de modificación sustancial" sobre la licencia original del párking, que afectaban a la rampa de acceso de vehículos o al cambio de ubicación de las chimeneas de ventilación.

Por otra parte, el informe municipal aseguraba que la solicitud de legalización de obras presentada por la empresa propietaria no cumplía la normativa de seguridad contra incendios. "La certificación de la idoneidad técnica del sistema deberá aportarse antes de su instalación", decía el informe realizado en 2011. Desde entonces, la propiedad hizo varios intentos de legalización de la obra, pero no lo consiguió.