Una de las patatas calientes que ha heredado el equipo de gobierno de Lara Méndez de su predecesor es la ordenanza reguladora de contaminación acústica (Orca), que debería conciliar la actividad empresarial y de ocio con la tranquilidad de los ciudadanos. Este controvertido documento, que fue aprobado inicialmente hace dos años en un pleno municipal, desató entonces duras críticas de la Confederación de Empresarios, la Asociación Provincial de Hostelería o la patronal de O Ceao, entre otros, por las restricciones que contemplaba, por ejemplo, en número de pubs y terrazas o de nivel máximo de decibelios de las actividades industriales.
Ante ese rechazo social, el gobierno local ha optado ahora por ponerse manos a la obra para elaborar una nueva ordenanza. La actual lleva casi dos años en el dique seco. Según recuerda, ese compromiso ya figuraba en el programa electoral con el que concurrió a las urnas el 24-M.
Además, hace hincapié en que pretende que esa normativa que redactará será «consensuada» con los colectivos afectados. Indicó también que previamente confeccionará un mapa de ruidos, en el que se señalarán los problemas a atajar.
La Orca ha vuelto al primer plano de la actualidad tras la sentencia sobre las fiestas de San Froilán, en la que el titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo «urge» al Concello a que apruebe una ordenanza que contemple «la regulación de los ruidos por motivos de especial trascendencia», como pueden ser las patronales de octubre.
El magistrado López Casanova advertía asimismo en ese fallo que la ciudad tiene «un problema» porque el documento vigente «no está adaptado» a las disposiciones de la Ley del Ruido 37/2003.
OPOSICIÓN. A raíz de esa sentencia, el Partido Popular aprovechó el pasado lunes, a través de su concejala Isabel Devesa, para exigir al gobierno local que atienda la recomendación judicial de aprobar una nueva ordenanza.
La edil popular reclamó «altura de miras» al responsable de urbanismo, Daniel Piñeiro, para que reconozca que la Orca que se aprobó inicialmente hace dos años por el anterior gobierno «no satisfacía las necesidades de Lugo, ni de los lucenses».
«Esta ordenanza debe ser entendida como una herramienta para mejorar la convivencia y garantizar la conciliación entre el ocio y el derecho de descanso de los vecinos, en lugar de ser un instrumento exclusivamente de restricciones», afirmó.
Isabel Devesa recordó que, como la de hace dos años está aparcada, Lugo se sigue rigiendo por la ordenanza de 1997, que, a su juicio, está «totalmente obsoleta y desfasada», debido a que las necesidades y las circunstancias del municipio eran entonces «muy diferentes» a las actuales.
«En 16 años los gobiernos socialistas han sido incapaces de crear un nuevo marco normativo que garantice el ocio y el descanso de los vecinos», dijo esta edil.
El PP llevará una iniciativa al pleno del próximo día 30 en la que propone, por una parte, que el gobierno local «retrotaiga» todo el procedicimiento para «consensuar con vecinos y empresarios» un nuevo documento. Y por otra, que elabore un mapa de ruidos para obtener «un diagnóstico preciso» de los principales focos generadores de contaminación acústica para «establecer medidas correctoras que mejoren la convivencia».
Esa normativa debe contemplar también el control de los ruidos en el San Froilán. A dos meses y medio de la celebración de estas patronales, Isabel Devesa afirmó que «parece que, como en los últimos tres años, será el juzgado el que marque las directrices de las fiestas» debido a la «falta de voluntad política del gobierno socialista».
La edil considera que esa normativa debe contribuir a «blindar» las patronales de octubre, al tiempo que «garantice a los vecinos su descanso».
FIESTAS. La sentencia en la que el juez López Casanova aconsejaba al Concello sacar adelante una nueva ordenanza respondía al recurso presentado por 17 vecinos que residen en las inmediaciones del parque Rosalía de Castro, que solicitaron que el ferial del San Froilán se trasladase a otra zona de la ciudad.
El magistrado desestimó esa demanda, pero en cambio fijó unas medidas para tratar de garantizar el descanso de los vecinos de la zona durante las patronales. Ordena la instalación de ocho sonómetros fijos y tres portátiles para que la Policía Local controle el nivel de ruido tanto de los conciertos que se celebren en la Praza Horta do Seminario como de las barracas y atracciones de feria en el recinto que se extiende por las inmediaciones del Parque.
El fallo establece además que se debe reducir el volumen de ruido desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana a lo largo de las nueve jornadas festivas, excepto el día de San Froilán, el Domingo das Mozas y sus vísperas, en el que se abre la manga hasta la medianoche.
