Es la pescadilla que se muerde la cola. El Concello de Lugo no tiene problemas de liquidez, pero sí de gestión, lo que ha contribuido a que el año pasado incumpliese la llamada regla o techo de gasto que fija el Gobierno central. Una de las consecuencias es que, durante los dos próximos años, una parte importante de las operaciones económicas van a tener que ser autorizadas por la Xunta y por el Ministerio de Hacienda, lo que contribuirá a ralentizar aún más la gestión municipal.
"Na práctica supón que o Concello vai estar intervido polo señor Montoro", afirma la portavoz de Cs, Olga Louzao, quien advirtió de que los funcionarios no han recibido instrucciones del gobierno para afrontar esta situación, cuyo primer paso es la elaboración de un plan económico-financiero. Por lo que parece, tampoco los técnicos a los que incumbe este trabajo las han pedido. Desde la concejalía de economía no se ofreció este lunes ninguna explicación.
La regla de gasto es uno de los instrumentos de disciplina presupuestaria creados al amparo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que el Gobierno aprobó en 2012 para atajar el disparado déficit que tenían muchas administraciones públicas. No era —ni es— el caso de Lugo, que tiene muy poca deuda (unos 5 millones de euros), pero igualmente está obligado a cumplir. Esta establece que el gasto no puede exceder el límite fijado por el Gobierno central, que para 2016 era del 1,8%, la previsión de crecimiento del PIB. El de este año es del 2,2% y para 2018 y 2019, del 2,6%. Lo que se busca es garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas a medio plazo, de manera que el crecimiento del gasto esté limitado por la capacidad que la administración tiene para financiarlo con los ingresos que obtiene tiene de forma estable y sostenida en el tiempo. Así, solo es posible superar ese límite de gasto en caso de que este se compense con un aumento de ingresos de carácter permanente. En el caso de Lugo, la tasa de variación el año pasado fue de un 7,81%, muy por encima del límite del 1,8%, según denunció hace semanas el PP, que ya había avanzado que el Concello iba a tener que estar bajo tutela económica de la Xunta.
El interventor atribuye el exceso de gasto al crédito reconocido para pagar facturas atrasadas, por problemas de tramitación
El grado de ejecución del presupuesto en 2016 no fue alto —menos aún en el apartado de inversiones—, pero una de las razones por las que excedió el límite de gasto fueron los reconocimientos extrajudiciales de crédito para pagar facturas atrasadas (debido a los problemas de tramitación), según señala en su informe el interventor municipal.
El Concello está obligado a presentar en el plazo de un mes, a contar desde que se dio cuenta de la situación (en el pleno del mes pasado), un plan económico-financiero en el que deberá detallar las causas del incumplimiento, las previsiones de ingresos y gastos y una descripción con la cuantificación y el calendario de aplicación de las medidas a adoptar en el plazo de dos años. Algunos gobiernos locales encargan fuera este documento, que debe ser aprobado por el pleno y remitido al ministerio y a la Xunta. Esta, que tiene encomendada la tutela financiera de las entidades locales, tiene dos meses para dar el visto bueno al plan, que, en todo caso, debe entrar en vigor en septiembre, ya que no puede exceder los tres meses desde la constatación el incumplimiento.
Sin embargo, Cs no aprecia preocupación del gobierno lucense ante una situación que considera de "descalabro e colapso absoluto". "No canto de resolver este problema, tanto a alcaldesa como a concelleira de economía dedícanse a pasearse e a facerse fotos de distinta índole", afirma Louzao.
El hecho de que numerosas operaciones económicas ordinarias (convenios, subvenciones...) vayan a tener que ser autorizadas previamente por la Xunta y el ministerio probablemente entorpecerá la gestión municipal, ya de por sí muy lenta, por razones diversas, desde el déficit político a los problemas de personal y la burocracia.
