El Concello dice que ya redujo la tasa para grúas y el PP teme que tenga que devolver 5 millones

El gobierno local asegura que la cuestionada ordenanza sobre la que pende una posible anulación ya está modificada ► Los populares advierten de que el Ayuntamiento podría tener que reintegrar lo cobrado entre 2012 y 2015

El gobierno local aseguró este viernes que ya no está en vigor la ordenanza de 2011 que regulaba las tasas para grúas de obras. Respondía así tras conocer la sentencia en la que el titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Lugo pide al TSXG que anule esta norma, recurrida por un constructor debido a que su actualización, que supuso un aumento del 3.626%, se realizó sin el preceptivo estudio económico.

Desde el Concello se sostiene que en el pleno de diciembre se aprobó la nueva ordenanza, que rige desde el pasado 3 de marzo, que contempla "unha importante rebaixa nas taxas por ocupación de vía pública por parte dos guindastres". Esa reducción va desde el 5% al 82% en función de la categoría de la calle en la que se instale.

Aseguró además que este fallo judicial no afecta a lo que ingresaron las arcas municipales desde 2012 por esta tasa.

No hizo la misma interpretación el grupo municipal del PP, que advirtió este viernes de que el Concello de Lugo podría tener que devolver los alrededor de cinco millones de euros que cobró por esta tasa entre 2012 y 2015.

La edil popular Isabel Devesa aseguró que esta es "una de las principales fuentes de financiación del Concello", por lo que augura que "la subida irresponsable y desproporcionada" de esta tasa por el aprovechamiento de la vía pública podría "poner en riesgo el plan de inversiones".

Los socialistas urgen a los populares a rectificar lo que consideran "falsidades" porque defienden que no cabe devolución alguna

"Lamentamos que por la irresponsabilidad del gobierno, que siempre presumió de congelar o rebajar impuestos, podamos ser los lucenses los que tengamos que pagar de nuevo sus desatinos", afirmó la concejala popular.

Ante la situación derivada por este litigio el PP preguntará en la comisión especial de cuentas por la repercusión que podría tener la propuesta que formula el juez de lo contencioso-administrativo al TSXG para que anule la ordenanza de 2011 actualizada.

Los populares también se interesarán por conocer qué aspectos se verían afectados por una posible anulación, debido a que la cuestionada ordenanza no sólo grava la instalación de grúas sino también la de andamios, vallas, contenedores de escombros e incluso terrazas de locales de hostelería o barracas.

RECTIFICAR "FALSIDADES". La respuesta del gobierno local no se hizo esperar. Así solicitó al PP que rectifique "publicamente e de inmediato" lo que calificó como "falsidades". Le exigió que "non trate de xerar con mentiras un alarmismo infundado na cidadanía lucense", porque sostiene que ni la sentencia, ni una hipotética anulación de la ordenanza "afectarán de ningún xeito ás liquidacións firmes xa practicadas ao abeiro desta norma, é dicir, non caberá a devolución".

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