EL GOBIERNO central puso en marcha en 2014 un plan de regularización catastral en todo el país (salvo País Vasco y Navarra) que tenía por objeto actualizar las bases de datos, que en algunos municipios estaban desfasadísimas, y, sobre todo, inyectar liquidez en las asfixiadas arcas locales. El trabajo dio sus frutos. En la provincia de Lugo, en los 52 de los 57 municipios donde el proceso ya ha terminado, la revisión ha supuesto una recaudación extra de 28.268.476 millones de euros. Aunque el llamado 'catastrazo' ha costado más a los lucenses, ya que a esa cifra hay que sumar la tasa de 60 euros que se paga por cada bien regularizado. Hasta el momento fueron regularizadas 85.289 edificaciones, por lo que resultan 5,1 millones.
Es la suma del valor de los nuevos o corregidos recibos del Ibi (11,9 millones) y de los atrasos (16,3 millones), ya que los ayuntamientos tienen la obligación —salvo que establezcan algún tipo de exención o bonificación por ordenanza— de reclamar atrasos de hasta cuatro ejercicios, si es que los hubiera. Los casi 12 millones ingresados de nuevo se consolidan, ya que son construcciones que no estaban dadas de alta o bien fueron modificadas sin haberlo comunicado, y a partir de la regularización tributan ya con los nuevos valores cada año.
Según los datos que acaba de hacer públicos el Ministerio de Hacienda, en el primer balance que hace desde el inicio del plan, en los 52 municipios lucenses finalizados se han comprobado el 80% de los inmuebles urbanos (312.833) y se regularizaron el 27% de inmuebles urbanos y rústicos(85.289). Lugo fue la provincia gallega y la segunda de España que registró más actividad. En A Coruña se comprobaron el 41% de los inmuebles, en Ourense el 37% y en Pontevedra el 37%.
El ministerio no desglosa la información por municipios, pero sí ofrece información de algunas ciudades. En Galicia destaca a Vigo, donde el porcentaje de comprobación llegó al 85%. En el resto del país, solo Tenerife fue objeto de más inspección que Lugo. El plan fue aprobado en 2013 con 2016 como fecha de finalización, aunque se ha prorrogado hasta 2017.
Hacienda tampoco diferencia las regularizaciones en inmuebles urbanos y rústicos, pero en Galicia, y especialmente en la provincia de Lugo, es probable que una parte importante de las regularizaciones sean del segundo tipo. La razón es que han pasado a tributar las granjas, naves y otras instalaciones ligadas al sector primario, que antes estaban exentas. La incorporación de estas construcciones supone un golpe más para el rural gallego, inmerso en una profunda crisis al tocar fondo los precios de productos como la leche y la carne. Hasta ahora solo había que declarar las fincas de naturaleza rústica y, en la práctica, muchas ni siquiera llegaban a pagar. Por su reducido tamaño, el coste de pasar al cobro los recibos superaba lo recaudado.
Para los bienes rústicos, los concellos tienen margen para fijar un tipo impositivo de entre el 0,3% y el 0,9% del valor catastral. En el de la capital, que tiene una extensa zona rural, es el mínimo, al igual que en otros concellos de la provincia, pero en la mayoría está por encima y hay casos como los de O Corgo, Viveiro, Brollón y A Pastoriza, con tipos muy altos. Algunos han aprobado rebajas y bonificaciones, como en O Corgo, y otros han anunciado su intención de hacerlo de cara al 2017. Es el caso de A Pastoriza, el único municipio que tiene el tipo máximo de rústica (0,9%), bastante por encima del de urbana (0,6%). El impacto de las nuevas tributaciones es importante porque es uno de los territorios con más actividad y construcciones ganaderas.
Los lucenses pagaron 5,1 millones de euros solo en tasas por regularizaciones y las altas de inmuebles que antes estaban exentos
FRAUDE. En lo que respecta a las regularizaciones de bienes inmuebles, Hacienda explica que el 46% fue de construcciones nuevas, que no estaban dadas de alta; el 35% correspondieron a ampliaciones y rehabilitaciones; el 13%, a reformas y cambios de uso y el 1% a piscinas. Es la tónica en la mayoría de las provincias, también en las gallegas, salvo en Pontevedra, donde hubo más regularizaciones por ampliaciones y reformas (47%) que por construcciones nuevas.
Como curiosidad, Lugo es la zona de Galicia donde menos piscinas sin declarar salieron a la luz. En A Coruña y Pontevedra supusieron el 4% de las regularizaciones y en Ourense, el 3%. En Barcelona fueron el 21%, en Granada, el 20%, y en Madrid y Murcia, el 15%.
La casuística es muy variada, y aunque Hacienda remarca que el plan fue pensado para incorporar alteraciones importantes —"no pequeñas modificaciones", precisa—, como rehabilitaciones integrales, ampliaciones de superficie o nuevas construcciones (piscinas, garajes...), la regularización es mucho más exhaustiva y, allá a donde llega, provoca sorpresa y un gran malestar. Porque, además, por cada inmueble regularizado se paga 60 euros en concepto de prestación del servicio. "A unha persoa que faga cambios na casa, na palleira ou no pozo, o Goberno cóbralle 180 euros, mentres que o dono dun latifundio en Andalucía só paga 60", denunció el BNG. El partido nacionalista y el sindicato Unións Agrarias se encuentran entre las entidades que más se oponen a este proceso, al menos tal como se lleva a cabo. Hacienda precisa que los 60 euros son para financiar el plan, que no tiene coste a mayores para el Estado, y destaca que "por cada euro invertido se recuperan 16 en forma de incremento de recaudación por Ibi".
El plan sirve para sacar a la luz situaciones injustas para los ciudadanos que sí cumplen con el fisco, como casas antiguas que fueron rehabilitadas íntegramente, con el consiguiente aumento de valor, y sin embargo apenas pagaban porque no se había actualizado su descripción. Sin embargo, en otros casos parece difícil ver algo más que afán recaudatorio. Hay propietarios que han recibido las cartas de regularización por pozos de agua, porches, galpones y construcciones agrarias sin uso. También resultan muy polémicas las revisiones de valores de casas antiguas que en su origen tenían los establos de los animales incorporados y no tributaban por ese espacio. Muchas han sido rehabilitadas y esa superficie fue incorporado a la vivienda, pero también hay un sinfín de casas que no han sufrido esa transformación, que llevan años deshabitadas y que también ven modificado el valor. Lo mismo sucede con establos que no tienen actividad, por jubilación de sus propietarios.
INCREMENTO MEDIO. En su descarga, Hacienda dice que la prueba de que las altas y las correcciones que se hacen no son minucias es que el incremento medio del recibo del Ibi es de 178 euros. En Lugo, la media resultante de los municipios donde el proceso ha finalizado es bastante menor, 97 euros. La liquidación media por atrasos es de 261 euros en Lugo y 474 en el conjunto del país.
