LA OPERACIÓN POLLO iniciaba en mayo de 2008 la burbuja de macroperaciones judiciales en Lugo. La instrucción revelaba un entramado en el que, supuestamente, traficantes de personas, funcionarios de inmigración y empresarios de toda la provincia colaboraban en la mayor red de explotación laboral de trabajadores marroquíes que se había detectado hasta el momento. Cuatro personas fueron enviadas a prisión, más de medio centenar resultaron imputadas y se identificaron a alrededor de cien posibles víctimas.
Nueve años después, la instrucción da sus últimos coletazos muy diluida, con la jueza que la inició lejos ya de Lugo y con el único impulso de la Fiscalía, dispuesta a que al menos todo el trabajo no quede en nada: en el mejor de los casos, en el banquillo solo se sentarán veinte personas, cinco de ellas como presuntos responsables directos de la red de explotación y el resto, pequeños empresarios y granjeros locales a los que se les supone diversos grados de colaboración con un reproche penal leve. Por el camino se han ido cayendo los nombres que durante todos estos años contribuyeron a dar lustre judicial e informativo a este caso, en ellos altos funcionarios de inmigración, asesores y, sobre todo, responsables de las principales firmas empresariales que estaban implicadas. La salida de estos últimos del catálogo de imputados supone además la renuncia a uno de los objetivos que los instructores se habían marcado: que esas firmas económicamente poderosas tuvieran que asumir como responsables finales las indemnizaciones que pudieran corresponder a las víctimas.
El principal sospechoso y máximo jefe de la red de explotación está en paradero desconocido desde hace un par de años
Un inicio casual en un piso patera
El caso Pollo estalla el 6 de mayo de 2008, de manera casual. Un marroquí es detenido cerca del Parque de Rosalía por un intento de robo y ante la jueza de guardia, Estela San José, declara que vive en un piso patera en la calle Armando Durán, justo al lado del juzgado, con otros compatriotas que son obligados a trabajar en granjas agrícolas de Lugo, sobre todo cargando y descargando pollos. No se tarda en comprobar que las condiciones de trabajo son en muchos casos de semiesclavitud, además de que la mayor parte de ellos han tenido que pagar fuertes sumas de dinero a los responsables de la red para que les consigan los permisos de trabajo que les permitieron entrar en España.
La red, según describe la Fiscalía en el escrito en el que delimita la instrucción, estaba dirigida por Mohamed Chahidi, al frente de la empresa Berciana Agrícola. Su principal socio en Lugo sería Carlos Otero, un empresario del sector agroganadero con buenos contactos en el sector en la zona de Castro de Rei y otras próximas. Chahidi contactaba en Marruecos con compatriotas dispuestos a pagar por entrar legalmente en España. Para ello se necesitaba una oferta de empleo por parte de un empresario español y una solicitud firmada por dicho empresario tramitada en la oficina provincial de Extranjería. Ahí es donde, según considera el fiscal Roberto Brezmes, entraba Carlos Otero: buscaban a ganaderos de Lugo "que quisieran hacer ofertas de trabajo (reales o no) a extranjeros, a cambio en ocasiones de una contraprestación económica".
En ocasiones, los ganaderos accedían porque se aseguraban un trabajador con un salario muy bajo (unos 300 euros al mes por jornadas maratonianas); en otras, directamente no tenían intención alguna de emplearlos, sino que cobraban unos mil euros por cada trabajador que pedían
Extranjería y sus autorizaciones masivas no delictivas
Con este sistema, llegaron a tramitar centenares de permisos. El problema es que llegó un momento en que la oficina de Extranjería de León a la que acudía Chahidi, que tenía su centro de operaciones en Ponferrada, comenzó a ponerle problemas. La solución que buscaron fue trasladar todos los trámites a la oficina de Extranjería de Lugo, donde sus contactos les permitieron acceder a "autorizaciones masivas de inmigrantes", en palabras de la Fiscalía. De hecho, fue imputado el jefe de Extranjería en ese momento, Alberto Linares, quien además sería posteriormente investigado en la operación Carioca.
No se ha podido acreditar la existencia de delito alguno por parte de Linares, "pese a que se ha realizado una exhaustiva investigación"
Brezmes, el fiscal que estuvo desde el principio siguiendo esta investigación y actual fiscal jefe de Lugo, no duda de que se confirmó durante la instrucción que buena parte de los expedientes administrativos contenían "irregularidades", algunas "especialmente llamativas", que apuntaban a que la red "contaba con alguna persona que ayudaba desde dentro de la oficina provincial de Extranjería". Sin embargo, también llega a la conclusión de que, por mucho que dichas irregularidades pudieran dar lugar a la apertura de un expediente sancionador, no se ha podido acreditar la existencia de delito alguno por parte de Linares, "pese a que se ha realizado una exhaustiva investigación".
Se solicita también el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra varios de los ganaderos inicialmente investigados (a alguno por prescripción de delito) y contra todos los responsables y empleados de las gestorías que tomaron parte en la tramitación de los expedientes y contratos laborales. En total, la Fiscalía renunció a seguir las actuaciones contra 19 de los implicados.
La acusación se mantendrá contra veinte personas
Sí parece dispuesto Roberto Brezmes dispuesto a sentar en el banquillo o otros veinte. Se trata de los reseñados Carlos Otero y Mohamed Chahidi; de los dos hermanos del marroquí, responsables de controlar a los trabajadores explotados y distribuirlos por las granjas, y de la novia de Chahidi, que transmitía a la banda las órdenes de este mientras estuvo en prisión provisional por estos hechos; un ciudadano portugués que ayudaba a buscar empresarios que quisieran tomar parte en la trama, y a 14 de estos ganaderos que presentaron solicitudes de trabajo en supuesta connivencia con Chahidi.
El principal acusado, en paradero desconocido
Sin embargo, la macroperación que fue el caso Pollo no solo llega a su final con sus objetivos muy mermados en cuanto a acusados y posibilidades de indemnización para las víctimas, sino que incluso corre el riesgo de quedarse sin sus principales sospechosos. Mohamed Chahidi, el líder de la red, permanece en paradero desconocido desde hace más de dos años, sin que haya muchas expectativas de que se presente para el juicio.
De un mínimo de 4 a 8 años de prisión que era el tipo básico anterior se ha pasado a penas de 3 a 12 meses de multa o, alternativamente, de 3 meses a un año de cárcel
Las mismas dudas hay respecto de sus dos hermanos, Abdelghani y Abdelkarme Chahidi, y de su pareja, Hassana Rahbi. Según las últimas informaciones, ni sus propios abogados saben de ellos desde hace mucho tiempo.
El cambio legislativo, otro problema añadido
Por si fuera poco, el ministerio público deberán afrontar un problema añadido derivado de los muchos años que se ha tardado en completar la instrucción: en este tiempo, la legislación ha cambiado y las penas que pueden afrontar los acusados son sustancialmente menores.
La previsión de la Fiscalía, según recoge en el escrito en el que acota la instrucción, era poner sobre la mesa delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y contra los derechos de los trabajadores, en relación con otro continuado de estafa agravada. Al tratarse de una organización criminal, las peticiones de pena para los principales miembros de la red podrían haberse ido con facilidad por encima de los quince o incluso veinte años de prisión.
Sin embargo, la modificaciones legales introducidas en este tiempo respecto del delito contra los ciudadanos extranjeros han rebajado notablemente las penas. De un mínimo de 4 a 8 años de prisión que era el tipo básico anterior se ha pasado a penas de 3 a 12 meses de multa o, alternativamente, de 3 meses a un año de cárcel. Incluso en los casos agravados, la modificación ha sido sustancial, como para las organizaciones criminales: si antes a los jefes de esas organizaciones se les hubiera podido imponer una pena mínima de 8 años y hasta 12 como máxima, ahora se sitúan entre los 4 y los 8 años de prisión, y solo si se demuestra que la actuación de la banda ha puesto en peligro la vida de los inmigrantes o se haya creado peligro de causarles lesiones graves.
El fiscal identifica a 36 de ellos, que si finalmente se presentan podrán ejercer la acusación particular, lo que, por otro lado, complicaría la vista oral
Es decir, que el fiscal tendrá que hilar muy fino en la aplicación de los tipos penales si no quiere que los sus principales acusados se vayan, en el peor de los casos, con unas condenas relativamente leves. Y más teniendo en cuenta que parece claro que no acusará de un delito por cada uno de los extranjeros víctimas de la red, sino por uno continuado por todos ellos. Los ganaderos que se sienten en banquillo finalmente se enfrentarán a un reproche penal mucho más leve, atendiendo además a que en la mayoría de los casos no se ha podido demostrar que cobraran por los contratos que demandaban.
La mayor parte de las víctimas, ilocalizables
Si ya es peculiar que se le haya perdido el rastro al principal investigado, algo similar ha sucedido con la mayor parte de las víctimas de la red, los trabajadores marroquíes que eran explotados. No obstante, en este caso es más razonable: en nueve años y muchos de ellos con los permisos de residencia y trabajo caducados, la mayoría se ha desperdigado por el país y la UE. El fiscal identifica a 36 de ellos, que si finalmente se presentan podrán ejercer la acusación particular, lo que, por otro lado, complicaría la vista oral.
