La operación Bebéno tiene quien la adopte, o al menos esa es la sensación que se saca al ver una instrucción que comenzó en 2009 y que se ha convertido en una auténtica carrera de obstáculos procesales. Por si fueran pocos, en unas cuantas semanas enfrentará uno más, otro cambio de juez instructor, que será el tercero. Y, lo que es más inquietante, se puede decir que casi con total seguridad no será el último.
Todo esta situación es aún más dramática si se tiene en cuenta que lo que se investiga en este asunto son las supuestas irregularidades cometidas en el proceso de retirada de unos bebés a sus madres naturales para entregarlos en adopción. Hay una decena de familias personadas en la causa como víctimas y cerca de una veintena de imputados que también están sufriendo las consecuencias.
En principio, que en Lugo se encasquillen durante años las instrucciones que en su momento se iniciaron con gran fanfarria no es nada raro. La peculiaridad de esta es que cuando finalice, en un futuro indeterminado, habrá pasado al menos por las manos de cuatro jueces instructores diferentes.
EL ORIGEN
El caso se inició en 2009, cuando un grupo de abogadas denunciaron ante el juzgado de instrucción 3 lo que ellas consideraron graves irregularidades en el funcionamiento del servicio de Menores de la Xunta en Lugo, donde creyeron detectar numerosos abusos con respecto a varias madres a las que les había sido retirada la custodia de su hijos. La mayor parte de ellos fueron redirigidos de inmediato hacia un proceso de adopción por parte de otras familias. Tampoco estaba muy claro el papel principal que jugaban las monjas que dirigían el Hogar Madre Encarnación, una casa de acogida subvencionada por la Xunta en la que daban refugio a mujeres embarazadas con problemas.
La jueza del 3, Estela San José, se dirigió al servicio de Menores de la Xunta para reclamar documentación. Salía así a la luz la que los medios bautizaron como operación Bebé. Unos meses después, ordenaba la entrada y registro en el Hogar Madre Encarnación. Sin embargo, no llegó a imputar a nadie.
Poco antes de cumplirse los dos años del comienzo de la investigación, San José decidía abstenerse del caso. Alegó que en ese tiempo había entablado una amistad personal con una de las abogadas que habían presentado la denuncia y que seguía como parte en la investigación, ya que defiende a una de las madres.
El argumento fue aceptado y la instrucción pasó a estar a cargo de Sandra Piñeiro, titular del juzgado de instrucción 2. Le correspondió a ella porque está establecido que cuando pasa algo de este tipo con el juez titular del 3, recae en el titular del 2; cuando pasa con el del 2, va al del 1, y cuando sucede con el del 1, actúa el del 3.
Pero, según las normas procesales, lo único que cambia es la dirección judicial de la instrucción, mientras que el caso permanece en el juzgado de origen, en este caso el número 3. Así, durante los últimos tres años Sandra Piñeiro ha sido la encargada de llevar adelante la investigación.
CAMBIO POR EL TRASLADO
El asunto es que Estela San José ha pedido el traslado en el reciente concurso de jueces convocado por el CGPJ, y le ha correspondido un juzgado de lo Penal en Huelva. Se marchará de Lugo para incorporarse a su nueva plaza dentro de poco, probablemente después de Semana Santa.
Y con su marcha desaparece la causa que había obligado a Sandra Piñeiro a asumir el caso, que no era otra que la amistad entre San José y la abogada. Lo que implica que, en cuanto ella se vaya, Piñeiro devolverá las actuaciones a la persona que sustituya a San José en el juzgado 3.
No se sabe todavía quién será esta persona, el tercer juez que conozca la operación Bebé, aunque la incertidumbre va mucho más allá del nombre. El CGPJ puede optar por cubrir esta plaza con un juez de adscripción territorial (jueces que han aprobado la oposición pero que no tienen plaza propia que ocupar) o con alguien de la lista de jueces sustitutos que existe en Lugo.
En cualquier caso, y sea cual sea la decisión, esta será temporal. Es decir, quien llegue al juzgado 3 tendrá que ocuparse de él durante muchos meses, pero no de manera definitiva, porque el CGPJ deberá sacar de nuevo la plaza a concurso en una próxima convocatoria, de la que aún se desconoce la fecha. En esa futura convocatoria se hará de forma titular con el juzgado otro juez, por escalafón, que será el cuarto por el que pase la investigación de la operación Bebé.
NUEVOS RETRASOS
Las fuentes consultadas no dudan de la solvencia ni de San José ni de Piñeiro ni de ninguno de los otros dos que vendrán después, pero sí muestran su preocupación por los inevitables retrasos que va a acumular una procedimiento que ya se encamina hacia su sexto año. Hay que tener en cuenta que se trata de más de diez tomos y miles de folios, muchos de ellos de informes técnicos detallados, por lo que su simple conocimiento para afrontar con garantías un interrogatorio o la disposición de una prueba puede llevar semanas.
No es nada exagerado. El volumen de la investigación y su complejidad fueron precisamente los argumentos destacados por la Audiencia Provincial para admitir el recurso de la defensa de una de la víctimas, que previamente había sido rechazado por el juzgado de instrucción. Es, por otro lado, solo la última de las varias decisiones del tribunal provincial que han marcado el paso de un proceso que avanza, cuando avanza, a trompicones.
En este último caso, ordenó repetir las declaraciones de una decena de imputados ya que a las algunas de las partes se les había dado traslado de las actuaciones apenas un par de semanas antes de que estas estuvieran señaladas. Pese a que solicitaron que fueran pospuestas ante la imposibilidad de conocer todo el asunto antes de los interrogatorios, la jueza lo denegó y siguió adelante. La Audiencia Provincial, sin embargo, sí admitió el recurso y ahora esos imputados deberán volver a pasar el mal trago de declarar otra vez.
En ese mismo recurso, el alto tribunal lucense también enmendaba la plana al juzgado en otra de las peticiones de las defensas: el interrogatorio de la monja que dirigió el Hogar Madre Encarnación de 2002 a 2008, cuando se iniciaron buena parte de los procedimientos de adopción que se están investigando. La magistrada Sandra Piñeiro había accedido a la petición de la defensa para que esta declararse por videoconferencia desde Cádiz, a donde fue trasladada por su orden cuando estalló el escándalo.
Los abogados de las víctimas se opusieron a esta forma de declarar alegando que había que durante el interrogatorio habría que mostrarle numerosos documentos, en muchos casos redactados y firmados por ella, cuya veracidad tendría que reconocer, posibilidad que se vería muy limitada a través de una videoconferencia. Una vez más, fue la Audiencia la que anuló la declaración y ordenó que fuera requerida para presentarse en sede judicial.
La conflictiva relación entre juzgado y Audiencia ha marcado la carrera de obstáculos de esta investigación desde el principio. No obstante, hay que recordar que, una vez iniciada, no se imputó a nadie mientras estuvo en manos de Estela San José. Fue tras la abstención de esta, ya bajo la dirección de Sandra Piñeiro, cuando se comenzaron a llamar a las personas que supuestamente estaban implicadas, aunque la primera intención fue citarlas como testigos.
Las defensas de las madres se negaron en redondo, ya que consideraban que, de evidenciarse finalmente algún delito, varias de esas personas podrían ser las responsables, argumento que también apoyó la Audiencia. Esta también llamó la atención al juzgado por su retraso en dar traslado de las investigaciones a las partes personadas.
Y, en medio de todo este viacrucis judicial, una decena de familias a las que les retiraron sus bebés, otras tantas que los adoptaron y cerca de una veintena de imputados penan sin saber hasta cuándo seguirá su calvario.
