El banco al que demandó el Seminario Menor Diocesano ya le devolvió cerca de dos millones de euros que este poseía en participaciones preferentes. Ese importe suponía aproximadamente el 70% del total que tenía depositado en este producto financiero. El caso acabó en el juzgado porque el centro docente que depende del Obispado de Lugo le reclama a la entidad de ahorro que le reintegre el 30% restante, que asciende a 740.000 euros.
La vista oral por este proceso está fijada para el próximo 5 de junio en el juzgado de primera instancia número 2 de Lugo, pero todavía cabe la posibilidad de que ambas partes lleguen a un acuerdo.
Las posturas están enfrentadas, según se puso de manifiesto al menos en la audiencia previa que se celebró a mediados de esta semana en el juzgado.
Los asesores legales del Seminario Menor Diocesano sostienen que los responsables de este centro docente no fueron debidamente informados del alto riesgo que podían entrañar las participaciones preferentes. El demandado argumenta en cambio que sí lo conocían porque tenían contratado este tipo de productos financieros con otras tres entidades de ahorro.
PROMOCIÓN URBANÍSTICA. La elevada cuantía de dinero que este centro docente tenía depositados en preferentes en el banco al que demandó procedía al parecer de los ingresos que percibió por la venta de terrenos de su propiedad para una promoción urbanística que se construyó en el entorno de las céntricas Avenida Ramón Ferreiro y Rúa Ángel López Pérez de la capital lucense.
El Obispado de Lugo ha preferido hasta el momento no hacer declaraciones sobre el pleito que ha entablado por la vía civil contra la entidad financiera.
Una de las personas que está propuesta para que preste declaración en el juicio fijado para el mes que viene es el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, en representación de la parte demandante.
En la provincia de Lugo se registraron unos 9.900 afectados de los más de 100.000 que hubo en Galicia por los calificados como productos financieros tóxicos, tanto participaciones preferentes como deuda subordinada. En la comunidad gallega todavía quedan 10.000 pendientes de que les resuelvan su caso. En total entre 150 y 180 millones de euros.
