Los particulares amenazados por el embargo de su vivienda descendieron el año pasado en la provincia de Lugo, aunque el problema sigue vigente y afectó a 80 familias. Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, esta cifra supone una reducción del 30,43% con respecto al año anterior, cuando se inscribieron en el registro de la propiedad lucense un total de 115 ejecuciones hipotecarias.
Esta tendencia a la baja se registró el años pasado en toda la comunidad gallega. De hecho, en la provincia de A Coruña, los casos descendieron de 329 a 275, mientras que Pontevedra bajaron de 365 a 315 y en Ourense pasaron de 84 a 63. Sumando los datos de las cuatro provincias se concluye que las ejecuciones hipotecarias descendieron en Galicia un 17,91%, pasando de 893 casos, a 2021, a 733 a lo largo del pasado ejercicio.
Perder la casa es un drama que suele dejar a los afectados en una situación de desamparo, a la que se suma el desgaste que supone todo el proceso. Cuando el hipotecado no puede pagar las cuotas mensuales, el banco no embarga el inmueble de inmediato, sino que tiene que dejar pasar un tiempo. La ley hipotecaria de 2019 amplió los plazos, por lo que durante la primera mitad del crédito es necesario que se acumulen 12 meses de impagos (antes eran tres) o que la cuantía adeudada supere el 3% de lo que queda por pagar. En la segunda parte son 15 meses (antes eran 12) o el 7% de lo que reste por abonar del préstamo. El deudor tiene un plazo de 10 días desde que recibe la notificación de la demanda para hacer frente a la ejecución hipotecaria. Si no lo hace, el banco tiene que iniciar un proceso judicial.
En función de la carga de trabajo que tengan los juzgados de la provincia, el proceso puede tardar entre 8 y 18 meses. Finalizados los trámites es cuando el juez declaré el embargo de la vivienda, que se suele subastar al mejor postor para que con ese dinero la entidad cubra la deuda que ha dejado pendiente la familia. El paso posterior puede ser el desahucio del propietario si no recurre a alguna de las vías disponibles para frenar el proceso, pero hay que tener en cuenta que no todas las ejecuciones terminan en un desahucio efectivo de las familias.
Dificultades
El descenso en el numero de ejecuciones hipotecarias siempre es una buena noticia, pero la realidad obliga a interpretar los datos con cautela. Si muchos propietarios e inquilinos ya tenían serias dificultades para pagar la hipoteca o la renta tras la explosión de la pandemia, el encarecimiento del coste de la vida agravó el problema. Con la electricidad, el gas, el carburante o los alimentos por las nubes, muchos hogares siguen teniendo dificultades para hacer frente a la escalada de precios y poder pagar además religiosamente la hipoteca. Hay que tener en cuenta, además, que la subida del euríbor encareció las hipotecas referenciadas a ese índice.
Las dificultades para devolver los préstamos son un proceso que no se plasma hasta meses después de que las familias comienzan a tener problemas para hacer frente a los pagos y los acreedores inician los procedimientos de ejecución, por lo que habrá que esperar a que se cierre el primer semestre del año para poder hablar del comportamiento del mercado hipotecario y confirmar si las ejecuciones hipotecarias continúan o no en descenso en la provincia de Lugo.
