Circular gratis por autovías y carreteras principales podría tener los días contados. Tras varios intentos frustrados, el Gobierno central parece que finalmente aplicará una medida muy impopular, pero cada vez más frecuente en Europa, como se vio recientemente en el vecino Portugal. Esta vez no queda otra, porque nos lo impone la UE, pero también la propia necesidad del Estado alimentar unas arcas públicas en números rojos. Los nuevos peajes ya asoman en el horizonte.
1. El debate de fondo
Sobre la mesa está pagar por el uso de autovías y carreteras de titularidad estatal con el objetivo de financiar el mantenimiento de la red viaria. No es un debate nuevo ni mucho menos en España, pero hasta ahora ningún Gobierno se atrevió a aplicar una medida tan impopular como esta. De hecho, el actual Ejecutivo la situó en el horizonte de 2024 —después de unas hipotéticas elecciones— porque nadie quiere ir a una batalla electoral con esto en la mochila. Pero el Ejecutivo de Mariano Rajoy también estuvo ya echando cuentas y llegó a encargar un estudio a la ingeniería de Ineco en el que se barajaba su implantación para 2021. Lo que hizo la actual crisis económica fue acelerar el proceso, ya que la deuda ahora a un Estado necesitado de recaudar. Por muy impopular que sea el método.
Sin terminar la A-54 ni la A-56 Lugo ya tiene casi la mitad de kilómetros de la red de autovías del Estado en la comunidad
Sin embargo, existe otro debate de fondo en esta polémica: si las infraestructuras ya se pagan con los impuestos convencionales o si ya se subió en su día la carga fiscal de los combustibles alegando que era para mantenimiento viario... ¿por qué ahora este nuevo sablazo a los contribuyentes? Un cobro que, además, no afectará igual al conjunto del país, porque no todos tienen la misma longitud de red viaria estatal, ni la misma dispersión poblacional, ni las mismas alternativas de movilidad... En este escenario, la provincia de Lugo saldrá especialmente damnificada si se aplica la medida.
2. Lugo, rey de las autovías
La red de carreteras de titularidad estatal en Galicia tiene 2.376 kilómetros entre autopistas, autovías y nacionales. De ese total, 560 kilómetros corresponden a autovías libres, de los que prácticamente la mitad (235 kilómetros) están en Lugo, en base a los datos del Ministerio de Fomento de 2018, los últimos oficiales. Son 235 kilómetros hace tres años a los que habría que sumar lo que se avanzó en la A-54 (Lugo-Santiago) y a los que se incorporará, no se sabe cuando, la A-56 (Lugo-Ourense). Es decir, casi otro centenar de kilómetros. Son mucho más que los 77 kilómetros de autovía estatal libre de A Coruña (A-6), los 81 de Pontevedra (A-52 y A-55) o los 167 de Ourense (A-52).
Si el Gobierno decide en el futuro cobrar también por las carreteras convencionales de titularidad estatal, nuevamente la provincia lucense saldría trasquilada: 528 kilómetros frente a los 356 de A Coruña, los 353 de Ourense o los 328 de Pontevedra.
Es cierto que las provincias atlánticas son las únicas que soportan kilómetros de peaje estatal y gallego, pero la A-8, la A-6 y la A-52 constituyen la discriminación positiva aplicada a la Galicia interior para acercarla a los principales núcleos de dinamización económica. Cobrar por las autovías supondrá eliminar esa discriminación positiva y, consecuentemente, volver a agravar la brecha entre las dos Galicias.
Las autovías gratis son una discriminación positiva que acerca Lugo y Ourense a los polos económicos; sin ellas, la brecha se incrementará
3. La falta de alternativas
El cobro en autovías y otras carreteras también varía de un territorio a otro dependiendo de su configuración socioeconómica. El eje atlántico gallego, por ejemplo, está hiperconectado con tren y articulado en base a cinco ciudades con potentes redes de transporte público metropolitano. Es decir, la oferta de movilidad, tanto personal como comercial, no depende tanto del vehículo particular.
Pero en Lugo la cosa cambia. No hay conexión norte-sur por tren y donde existe es decimonónica y sin apenas frecuencias. El transporte público tampoco es ejemplar y, para colmo, toda la provincia está vertebrada a nivel de comunicación alrededor de las autovías del Estado: A-8, A-6, A-54 y, en el futuro, A-56. Y todo ello con un agravante: una dispersión poblacional que genera una enorme dependencia del coche particular. Una ciudad lineal como A Mariña tiene el hospital en Burela, Hacienda en Foz y la Seguridad Social en Viveiro, servicios vitales para casi 80.000 habitantes que tienen que acceder a ellos en coche, sí o sí. En Lugo no hay alternativas.
4. Cambio de mentalidad
Cuando un conductor llega a una zona de peaje de una autopista gallega se da una situación entre irónica e indignante: el pago fácil. Así luce en los carteles de las cabinas que no tienen cobrador. Podrían llamarle pago automático o pago rápido, pero lo de pago fácil suena a recochineo, porque si hay un dinero del que cuesta desprenderse ese es el de los peajes. ¿La razón? Que jamás se perciben los resultados de ese pago. Ocurre en la AP-9, por ejemplo, una de las autopistas más caras de España y que tiene tramos salpicados de baches, cada vez menos personal en cabinas, la maleza llega al arcén, no se levantan las barreras en los episodios de atascos por obras o granizadas históricas... En definitiva, ni un atisbo de mejora pese al sablazo del peaje.
Pagar un peaje siempre es difícil, pero todavía más si se tiene en cuenta que será por un servicio que durante años se disfrutó gratis
Esa es la experiencia con los peajes de los gallegos. Los mismos a los que a corto plazo les quieren pedir que paguen, además, por un servicio del que disfrutaron durante muchos años gratis. Y ahí radica la dificultad del cambio de mentalidad. Nadie convencerá a un ciudadano de que es bueno pagar en autovías. En el mejor de los casos lo verán como un impuesto. En el peor, como un atraco.
5. Los daños colaterales
Cobrar por las autovías que vertebran el país penalizará la actividad económica y el bolsillo del contribuyente, pero también tendrá otros daños colaterales, como el aumento del tráfico en las vías convencionales, donde fallecen 8 de cada 10 víctimas de circulación. Son carreteras que además tienen graves carencias de mantenimiento, abandonadas en los últimos años fruto de la apuesta por desarrollar la red de autovías y vías de alta capacidad. Y con el agravante, en el caso gallego, de que muchas de esas carreteras cruzan pueblos, zonas pobladas o tienen casas con la puerta metida directamente en el arcén.
