La doble cara de la desokupación

Una casa fue desalojada este miércoles en Lamas de Prado y se eliminó el enganche eléctrico de otra en Xulia Minguillón, pero problemas de vivienda y de conducta de algunas personas abonan nuevos allanamientos de propiedades privadas
Interior de la vivienda de Lamas de Prado que fue recuperada este miércoles por sus propietarios. XESÚS PONTE
photo_camera Interior de la vivienda de Lamas de Prado que fue recuperada este miércoles por sus propietarios. XESÚS PONTE

La presión contra los okupas en el barrio de A Milagrosa continuó este miércoles, un día después de que el Concello y la Subdelegación del Gobierno anunciaran un incremento de los dispositivos policiales contra la ocupación ilegal de viviendas y otros problemas asociados a este, como el tráfico de drogas y la inseguridad.

A primera hora, agentes de la Policía Nacional acudieron a la casa okupada de Xulia Minguillón para escoltar a un operario que procedió a eliminar el enganche al alumbrado público que tenía esta vivienda. Un poco más tarde llegaba al número 24 de Lamas de Prado la comisión encargada de ejecutar el desalojo dictado por el juzgado, aunque la casa ya estaba vacía en ese momento.

El inmueble tiene dos pisos y un bajo donde funcionó hasta hace años el bar A casa do Coio y llevaba okupado por una familia rumana, con varios niños pequeños, desde el mes de mayo. A ella habían llegado tras haber dejado otra vivienda cercana, la ya popular casa de Xulia Minguillón, que lleva unos siete años okupada.

Los vecinos siguen con alivio la presión contra los okupas, que también se tradujo la semana pasada en varias detenciones por tráfico de droga e incautación de esta, pero el descanso es relativo porque los desalojos tienen una doble cara. 

Una gran parte de las okupaciones de viviendas que se producen en la ciudad —prácticamente todas las que hay en este momento en A Milagrosa— las llevan a cabo personas que tienen alguna o varias problemáticas, como adicciones a sustancias o actividades nocivas para la salud, problemas conductuales relacionados o no con las anteriores o simplemente dificultad para adaptarse a los cánones de convivencia por sus diferentes estilos de vida, como los que tienen algunos miembros de algunas etnias o nacionalidades. 

Son, en muchos casos, personas a las que les cuesta cumplir con lo que se les exige para recibir ayudas públicas, que es, básicamente, que respondan a lo socialmente aceptado. Esto es, que no tengan conductas delictivas, que destinen el dinero que reciben a lo que corresponde, que mantengan en buenas condiciones las viviendas o que tengan a los niños escolarizados.

Estas circunstancias hacen que alguna de estas personas acaben abandonando los planes de intervención que elaboran para ellas los servicios sociales municipales y que, en consecuencia, queden fuera del sistema de ayudas públicas, que en este momento es más amplio que nunca. La dificultad para alquilar viviendas, caras e inaccesibles en parte también por prejuicios —a veces con fundamento, a la vista de algunos comportamientos— y la escasa oferta de viviendas de protección social hacen que la rueda continúe y que algunos okupas dejen unas casas para acabar allanando otras.

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