Crimen de Cash Récord: el doble asesinato que tardó tres décadas en llegar a juicio

El próximo 6 de febrero, el doble asesinato de Cash Récord aterrizará en la Audiencia Provincial de Lugo para ser juzgado. Llega tarde -casi tres décadas después del suceso- y lo hace arrastrando un bagaje digno de novela policiaca. Pero el caso Cash Récord es mucho más que un crimen. Es la lucha de David contra Goliat; el ejemplo de como dos personas, abogado y clienta, lograron imponerse ante un engranaje institucional que siempre jugó en su contra.

Isábel López, hermana de la fallecida, y Gerardo Pardo de Vera, el letrado que cogió las riendas del caso tras veinte años a la deriva, se aferraron a su objetivo y derrotaron a todos y cada uno de los policías, guardias civiles, jueces y fiscales que pedían su rendición. Finalmente, ganaron la batalla y consiguieron sentar en el banquillo de los acusados al único sospechoso de acabar con la vida de Elena López y Esteban Carballedo. Serán cinco días intensos y por fin la Justicia tendrá que pronunciarse. Será -ahora sí- el último capítulo de una historia sin parangón.

La primeras pesquisas: un sumario escueto y carpetazo

Eran las ocho de la tarde del 30 de abril de 1994 y dos niños de 4 y 6 años iban en coche con su tía a recoger a su madre, cajera de Cash Récord. Llegaron a la nave del Ceao, tocaron el claxon, como de costumbre, y esperaron a que ella saliera. Tardaba, y los menores se bajaron del coche para llamar a la puerta, pero nadie abrió. Su tía, Isabel López, los llevó a casa, recogió a su pareja y a su padre y regresó al establecimiento, donde encontró el cuerpo sin vida de su hermana y de uno de sus compañeros de trabajo.

El novio de Isabel tocó los cuerpos para comprobar si seguían con vida, pero ya no había nada que hacer. Salieron a la calle, pidieron a un transportista que llamase a la Policía -ya que entonces no había móviles- y en ese momento arrancó una investigación que con el tiempo se reveló caótica.

La Policía Judicial, que dirigía Carlos Tabernero, concluyó que los atracadores se llevaron cinco millones de las antiguas pesetas y descubrió que dos delincuentes de A Coruña le habían comentado a un ladrón de Lugo que iban a dar un golpe importante en una nave de O Ceao y que buscaban un colaborador. El primer juez del caso ordenó la intervención de los teléfonos de los sospechosos, pero entraron en prisión por otros delitos y ahí terminó su seguimiento.

Unos años más tarde, el inspector de la Policía Local José Antonio Morán Gandoy, que dirigía la brigada antidroga, detuvo a un traficante que les dio una posible pista sobre el crimen. El detenido reveló en su declaración que, antes del suceso, un hostelero le había propuesto dar un golpe en O Ceao, al tiempo que le ponía en la mano dos pistolas, una de ellas de 9 milímetros, como la utilizada en el doble asesinato. El hombre contó incluso como lo llevó hasta el polígono y que dieron varias vueltas en coche alrededor de la nave. Además, habían ido a hacer prácticas de tiro a un pinar de Ramil. Al día siguiente de escuchar estas declaraciones, el policía se presentó en el despacho del juez José Enrique García, quien ordenó investigar esa pista.

Los agentes encontraron una bala en un pino, pero el análisis forense reveló que no había salido del arma homicida. Además, el hostelero que estaba en el punto de mira, Manuel Juan Vilariño Casanova, fue interrogado como imputado el 10 de diciembre de 1996. Estaba en prisión por tráfico de drogas. Su interrogatorio ocupó tan solo 30 líneas de un folio en las que se limitó a decir que conocía a los fallecidos porque era cliente de Cash Récord y que se enteró de su muerte por la prensa.

Los agentes encontraron una bala en un pino, pero el análisis forense reveló que no había salido del arma homicida

El sospechoso defendió su inocencia, pero posteriormente pidió volver a declarar y puso en el punto de mira a un guardia civil, Carlos Enrique Rafael D.U.G. -muy conocido en los ambientes delictivos de la ciudad-, a quien señaló como posible cómplice del robo y como la persona que facilitó las armas a los asesinos. En el momento de la investigación, el guardia ya no estaba destinado en Lugo, sino en Lleida. Se ordenó el registro de su taquilla, pero ninguna de las armas que tenía en su poder coincidía con la que habían utilizado los atracadores.

La Policía Nacional nunca le dio credibilidad a la acusación contra el hostelero porque su principal hipótesis era que los autores habían sido unos jóvenes coruñeses y no hubo más voluntad de tirar del hilo. El juez José Enrique García fue trasladado y el caso -tras tres archivos y sus respectivas reaperturas - se cerró de nuevo en 2001 sin más pesquisas y cayó en el olvido hasta 2010. Para todos, menos para Isabel López.

La lucha de las familias: años de movilizaciones y varapalos

La hermana de la cajera asesinada nunca estuvo dispuesta a rendirse y el final de la investigación fue el principio de su lucha particular por resolver el crimen. Se propuso ir a por todas y encontró un apoyo incondicional en Beli Sánchez, la cuñada del otro joven asesinado. Las dos mujeres formaron un tándem perfecto y recorrieron multitud de despachos haciendo un trabajo que no les correspondía, pero que nadie tenía pensado realizar. Ambas tenían claro que el camino hacia la verdad dependía de su coraje y no escatimaron esfuerzos.

Cada aniversario del crimen, las familias de los fallecidos salían a la calle para visibilizar su drama y reclamar que los autores del asesinato no quedasen impunes. Recogieron firmas en varias ocasiones y el 30 de abril de 2010, Isabel López inició su primera huelga de hambre. A pesar de tener dos hijos menores y dos sobrinos a su cargo, la hermana de la cajera asesinada jamás abandonó su lucha por hacer Justicia, convertida en su auténtico leitmotiv.

En aquel momento, el primer hijo de la fallecida, que ya era mayor de edad, apareció públicamente para apoyar a su tía y sumarse a sus reivindicaciones. "Es triste tener que llegar hasta aquí", dijo.

Hubo momentos de desesperanza, pero yo tenía que estar a la altura de las familias. Ellos jamás pensaron en rendirse"

Tras varios días sin comer y con cuatro kilos menos, la mujer consiguió que al menos la escuchasen. Fue convocada a una reunión con el entonces subdelegado del Gobierno en Lugo, José Vázquez Portomeñe; el concejal de protección a la comunidad, José Rábade; el comisario jefe de la Policía Nacional, Maximino Losada, y el jefe de la Guardia Civil, Gonzalo Borrás.

También mantuvo un encuentro con el fiscal jefe, Javier Rey, quien le entregó el expediente del caso al abogado de las familias, José Luis Fiuza.

Isabel López sabía que la investigación había sido escueta, pero ver el sumario la crispó. "Apenas llegaba a medio centenar de folios y todo estaba mal hecho. Aquello era un desastre; podría haberlo hecho perfectamente un niño de diez años", dijo. Finalmente, su tesón dio sus frutos y la Audiencia reabrió el caso en junio de 2010.

La teoría era buena, pero en la práctica todo volvió a fallar y apenas hubo movimientos, ni a nivel policial ni judicial, por lo que Isabel López volvió a salir a la calle para mantener vivo un caso que era más cómodo enterrar. El 3 de junio de 2011, las familias de las víctimas convocaron una manifestación -en la que estuvieron arropados por numerosos lucenses- y, una semana más tarde, la hermana de la cajera se encadenó a la valla de la puerta de acceso a los juzgados. No logró avances, por lo que en el mes de septiembre inició otra huelga de hambre al sentirse "engañada" por las instituciones. Otros veinte días sin comer y otros doce kilos menos. Y otra vez promesas. Y otra vez a esperar.

Isabel López llegó a plantarse ante la Policía y a decirles: "¿Y si los maté yo? Yo encontré los cuerpos y vosotros no sabéis la relación que yo tenía con mi hermana". Finalmente, en enero de 2012 -diecisiete años después del crimen-, fue llamada a declarar ante el juez. Un año después lo hizo su marido. Y cuando la cosa parecía encauzarse, el abogado de las familias renunció al caso en enero de 2014, a tres meses de su prescripción. Isabel López y Beli Sánchez se quedaron sin defensa, pero no sin fuerzas, y buscaron otro letrado, una tarea que no les resultó sencilla. Pensaron en Gerardo Pardo de Vera y el aceptó. El tiempo demostró que dieron en la diana.

El nuevo letrado cogió el caso en punto muerto. "Me encontré con una Fiscalía que ya había interiorizado que no había nada que hacer. La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de Madrid había realizado un análisis profundo del sumario y se habían hecho cosas, pero era más una labor de organización que de investigación", comenta. Pardo de Vera tuvo que empezar de cero. Faltaban cosas básicas, ya que casi no había declarado nadie del entorno inmediato de las víctimas, ni del hostelero investigado. No se había realizado ni un solo interrogatorio profundo y los pocos testimonios recogidos en el sumario estaban llenos de contradicciones. En abril de 2014, el crimen prescribió, salvo para el hostelero imputado en el año 96.

El tesón de un letrado: un giro a un caso lleno de incógnitas

Así las cosas, el letrado comenzó a buscar fisuras en el sumario para tirar del hilo y poder acercarse a la verdad, pero el tiempo había jugado en su contra. Pasó varios años analizando cada pista, pidiendo pruebas, descartando bulos y contagiándose de la fortaleza de los familiares de las víctimas. Su baza principal —el hombre que había dado la identidad del sospechoso— murió en prisión. Quedaba el guardia civil presuntamente implicado en el suceso, pero el hombre también falleció en febrero de 2020, poco antes de ser llamado a declarar.

Sin los testigos principales y sin el apoyo de las instituciones, la acusación particular tuvo que esmerarse al máximo para trasladar a la Justicia sus convicciones y llevarla hasta su terreno. En los últimos años se movieron fichas. Una confidencia recibida por un guardia civil indicaba que la pistola utilizada en el crimen estaba todavía escondida en una casa de Camiño Real, dentro de un termo de calefacción. La Policía trató de obtener una orden de registro, pero le fue denegada por dos jueces diferentes por el mismo motivo: el supuesto informante no fue identificado en ningún momento, por lo que se trataba de una mera especulación sin el suficiente peso legal como para ordenar la violación del domicilio de una persona que nada tendría que ver con el suceso.

El caso también dio un giro inesperado cuando un testigo argumentó ante el juez sus sospechas de que en la preparación del atraco a Cash Récord había sido clave la información facilitada por el entonces marido de la cajera asesinada. El testigo contó que el hombre consumía drogas y acudía a menudo al bar Los Ángeles, en la Rúa Nova, propiedad del sospechoso. Llegó a contar que incluso los escuchó hablando de una factura del establecimiento y de la posibilidad de "dar un palo cojonudo" en O Ceao.

Fueron muchas horas dándole vueltas al caso. Muchos bucles y muchos momentos de desesperanza"

"Era una línea de investigación muy dolorosa para la familia de Elena. El marido de la fallecida cobró tres indemnizaciones por la muerte de su mujer y no informó a los familiares ni a sus propios hijos. Hubo un pleito civil y utilizamos toda la información que teníamos, pero lo dejamos ahí", explica el letrado. También declaró un detenido por drogas que coincidió con el sospechoso en Bonxe y afirmó en su día que tenía información sobre el asesinato. Sin embargo, cuando declaró ante el juez en 2018 se limitó a decir que no recordaba nada.

Por el juzgado de Primera Instancia número 1 de Lugo pasó también un agente de la Benemérita que aparecía citado en un informe policial sobre el caso, quien confirmó que cuando sucedieron los hechos había un guardia que tenía una estrecha vinculación con el hostelero imputado. "Fueron muchas horas dándole vueltas al caso. Muchos bucles y muchos momentos de desesperanza", recuerda el letrado, "pero yo tenía que estar a la altura de la familia, que jamás bajó la guardia. En un caso así es imposible no implicarse emocionalmente. Esto llegó a ser parte de mi vida, al margen del trabajo, y lo que más me molestó siempre fueron los desprecios hacia ellos; cuando escuchaba cosas como: ¡Pero esta gente no se cansará de insistir!".

El desenlace: una jueza que vio indicios y un procesado

Tanto Pardo de Vera como Isabel López llegaron a recrear el crimen en su cabeza y defendieron su convicción moral ante la Justicia. Había un sospechoso que era cliente de Cash Record, que fue señalado por varios testigos como implicado en el asesinato y que manejaba armas. De hecho, el hostelero había sido detenido en un local de Foz el 18 de marzo de 1993, un año antes del crimen de Cash Record, mientras amenazaba de muerte a un proveedor de tabaco de contrabando. Llevaba una pistola Star BM 9 milímetros parabellum, justo el mismo modelo que disparó las vainas localizadas en el lugar del crimen y la que por aquel entonces utilizaba la Guardia Civil.

Un año y medio antes del crimen de O Ceao se llevó a cabo un asalto muy similar en una nave de Cash Miño. Los dos robos se cometieron el último día laborable de mes y los autores eran perfectos conocedores de los horarios de los establecimientos. El sospechoso era cliente de ambos. Así lo argumentaron ante la jueza, Carmen López, quien finalmente —y en contra del criterio de la Fiscalía— dictó un auto de procesamiento contra Manuel Juan Vilariño.

El juicio se celebrará con un tribunal profesional, ya que en 1994 no se contemplaba el jurado popular. La Fiscalía no presentó acusación

El 13 de julio de 2021, el procesado —que reside en Burgos— declaró en el juzgado y afirmó que a la hora del crimen estaba en su bar. Además, alegó que los testigos mintieron porque les prometieron beneficios en un asunto de drogas si lo implicaban a él. A pesar de su negativa, en octubre de 2022, la Audiencia acordó la apertura del juicio oral contra el procesado, que se regirá por el Código Penal de hace 30 años y será con tribunal profesional, ya que en 1994 no se contemplaba el jurado popular. Llegaba por fin la recompensa a tres décadas de lucha.