La Diputación descarga en el Concello la solución a la Protectora de Animales

El gobierno de José Tomé recuerda que la ampliación de las instalaciones es una iniciativa municipal y que es la entidad animalista quien debe obtener los permisos necesarios para edificar en Muxa
Algunos de perro de As Pedreiras de los que se ha hecho cargo la protectora. EP
photo_camera Perros en la protectora, en una imagen de archivo. AEP

La Diputación se pronunció sobre el nuevo escenario que se ha abierto en relación a la necesidad de mejorar y de ampliar las instalaciones de la Protectora una vez que la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) confirmó que, en principio, se podrían construir nuevas instalaciones al lado de las actuales, en Muxa.

El gobierno que preside José Tomé recordó que se trata de una iniciativa del Concello y de la Protectora en la que la Diputación estaba, y sigue estando, dispuesta a colaborar. Pero recuerda que, según el convenio que las tres partes suscribieron hace años, y que ya expiró, el impulsor del proyecto era el Concello y la Protectora era quien debía obtener la licencia de obra y el resto de permisos necesarios, como el de la CHMS, ya que un regato intermitente transcurre por la zona del actual albergue y por la finca aledaña donde se prevía ampliar las instalaciones.

Ese proyecto de ampliación iba a ser financiado por la Diputación, que en 2019 llegó a contratar la obra por 223.365 euros a la empresa asturiana Peralte. Sin embargo, los trabajos no llegaron a iniciarse y, a principios del año pasado, la Diputación rescindió el contrato a petición de la firma. No hubo que abonar indemnización porque la ejecución de la obra estaba supeditada a la obtención de las autorizaciones necesarias, recordó este martes el gobierno provincial.

Una de esas autorizaciones era la de la CHMS, que en 2019 emitió un informe en el que recordaba que por el lugar discurre un regato que hay que respetar, por lo que es necesario dejar como mínimo cinco metros libres a cada lado. La finca donde se preveían ampliar el albergue tiene 40.000, por lo que la CHMS confirmó la semana pasada a este diario que, con una reformulación del proyecto, este podría ser autorizado.

A la vista de que en 2019 el primer pronunciamiento de la CHMS no fue favorable, el Concello y la Diputación decidieron variar el enfoque de la solución a la falta de espacio del albergue apostando por rehabilitar el antiguo matadero municipal, situado en San Xoán de Pena, lo que además supondría darle uso a un edificio que lleva años abandonado. El problema es que el anteproyecto en el que trabaja el Concello supondría una inversión elevada (un millón de euros), en una primera convocatoria no obtuvo fondos de la UE y el gobierno local sigue buscando financiación para él.

Ante el nuevo escenario, la Diputación explicó que pedirá información a la CHMS sobre las posibilidades para edificar en Muxa, un proyecto en el que estaría dispuesta a colaborar pero que compete liderar al Concello de Lugo, dice. De momento, el gobierno provincial evita pronunciarse sobre la nueva situación.

Las actuales instalaciones, en el punto de mira

La Protectora de Animales está situada en Codesido (Muxa). Sus instalaciones hace tiempo que se han quedado pequeñas y están muy deterioradas. De hecho, es una construcción ilegal y el proyecto que había para ampliarlas contemplaba también una intervención en ellas para legalizarlas.

Las instalaciones son propiedad de la Protectora, una entidad formada por socios, que cuenta con voluntarios y para cuyo funcionamiento son clave las aportaciones de las administraciones públicas. El Concello aporta 200.000 euros al año; la Diputación, 40.000; los otros concellos a los que presta servicio, 34.161 euros y, desde hace dos años, también recibe una subvención de la Xunta, de 19.739 euros en 2023.

En 2022, último ejercicio económico cerrado, los socios pagaron 26.487 en cuotas. Por adopciones, la Protectora ingresó 36.126 euros y por donativos, 38.386 euros.

Las instalaciones son propiedad de la Protectora, pero se ubican sobre una finca que está cedida por la Diputación Provincial, al igual que la parcela que hay al lado, que ya se usa para el paseo de los perros. El uso de esta le fue concedido en 2016.

La Protectora vive una situación crítica, que se agrava año a año, porque cada vez recibe más perros y gatos y las condiciones en las que deben vivir muchos de ellos no son las mejores.

Esta circunstancia motivó dos denuncias (de un particular y de una sociedad animalista) a la Fiscalía. En principio, esta no aprecia delito, pero el Seprona solicitó información a la Protectora y, según algunas fuentes, tiene pendiente una visita a las instalaciones.

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