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Dieciséis acusados se sientan en el banquillo por la venta fraudulenta de móviles

Los juzgados de Lugo. AEP
Los juzgados de Lugo. AEP

El ministerio fiscal solicita penas para los acusados que oscilan entre nueve meses y once años y medio de prisión

Dieciséis personas se han sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo en un juicio que ha comenzado este martes para determinar la responsabilidad de los procesados en la venta fraudulenta de teléfonos móviles por un importe de 5,8 millones de euros.

El ministerio fiscal solicita penas para los acusados que oscilan entre nueve meses y once años y medio de prisión, a los que les imputa delitos contra la Hacienda pública, contrabando, estafa o falsedad documental.

De acuerdo con el escrito de acusación, la actividad de su negocio, que desarrollaban a través de diversas sociedades creadas por los procesados, se centraba en la adquisición “ilícitamente a distintas operadoras de telefonía móvil de packs de teléfonos con tarjetas activas” por cada una de las empresas.

Aprovechaban de ese modo “ofertas especiales” que hacían las operadoras “a particulares, pero con la condición contractual de no disociar las tarjetas” activas por cada empresa de los terminales y por el otro de “no liberar el teléfono”.

Asimismo, también se prohibía contractualmente la comercialización de esos teléfonos.

Las compras “en los grandes centros” eran realizadas mediante el abono de los terminales en caja, de modo que “en las facturas remitidas posteriormente”, no figuraba “el importe de las bonificaciones y descuentos”, señala el el ministerio público.

Según el fiscal, a través de diversas sociedades “instrumentales” que actuaban como “intermediarias”, los acusados crearon un entramado para manipular las tarjetas activas por cada compañía y vender por separado los teléfonos móviles.

Los hechos se remontan al año 2005,el ministerio público calcula que con esas ventas, cifradas en 5,8 millones de euros, los acusados pudieron defraudar alrededor de 1,7 millones de euros, dado que “la exportación de los teléfonos móviles” a otros países se realizaba “eludiendo los controles aduaneros”.

Por su parte, la defensa de dos de los principales imputados precisó antes de entrar en el juicio su intención de solicitar la libre absolución de los acusados.

El caso procede del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Lugo y, en principio, está previsto que el juicio continúe en días alternos hasta el 1 de marzo.

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