La Guardia Civil procedió a la detención de una vecina de Lugo de 46 años y de su hija de 25, como supuestas autoras de un delito de explotación laboral de inmigrantes. No se descarta que una vez avance la investigación aparezcan otros delitos relacionados con el fraude a la Seguridad Social o la Hacienda Pública.
Ambas mujeres fueron detenidas este martes, según informaron fuentes del instituto armado, tras ser requerida su presencia en la Comandancia de Lugo para tomarles declaración. La Guardia Civil llevaba varios meses tras su pista, tras tener conocimiento de que decenas de trabajadores extranjeros en situación irregular en el país podrían estar siendo explotados en municipios de toda la provincia, aprovechándose precisamente de su carencia de papeles y de sus necesidades económicas y laborales.
EMPRESA PANTALLA. Para llevar a cabo sus operaciones supuestamente delictivas, siempre según fuentes de la investigación, las detenidas utilizaban como pantalla la empresa de ayuda asistencial y a domicilio que la madre dirigía en Castroverde. Esta firma es totalmente legal y proporciona servicios asistenciales, incluso, para muchos ayuntamientos, además de para particulares de la capital y de toda la provincia.
Pero al margen de esta actividad legal, sospechan los agentes, las dos detenidas manejaban una agenda paralela con decenas de mujeres en situación irregular en España, de muchas nacionalidades, pero en especial de Latinoamérica. A estas mujeres, según parece, les ofrecían trabajo como cuidadoras internas en domicilios. Por ese empleo, apuntan los datos recogidos hasta ahora, les pagaban entre 900 y 1.000 euros al mes. No hay ningún tipo de contrato, solo un compromiso verbal.
A la vez, habrían hecho creer a la mayor parte de los empleadores que las trabajadoras que contrataban tenían toda la documentación en regla y que todo era legal, ya que con quien supuestamente estaban contratando era con la empresa, no directamente con la cuidadora interna. De este modo, no tenían mayor problema en realizar los pagos a las dos detenidas, algunas veces por transferencia bancaria, pero muchas veces en efectivo y en mano.
Las investigaciones continúan abiertas y no se descartan más detenciones, tanto de personas relacionadas con la empresa como de empleadores que supieran que las mujeres estaban en situación irregular.
Además, estos se arriesgan a sufrir inspecciones y multas por parte tanto de la Seguridad Social como de Trabajo, ya que los contratos que habrían firmado, de existir, no serían legales.
También se siguen tomando declaraciones a las decenas de víctimas que se están localizando por toda la provincia.
