Las dos lucenses, madre e hija de 46 y 25 años de edad, que fueron detenidas por la Guardia Civil porque presuntamente explotaron laboralmente en toda la provincia como cuidadoras a inmigrantes en situación irregular, cobraban a las familias entre 1.200 y 1.500 euros, e incluso más, por los servicios de ayuda a domicilio que prestaban cada una de estas internas.
Las arrestadas, que utilizaban como tapadera la empresa de ayuda a domicilio que dirigía la madre en Castroverde, abonaban a las inmigrantes entre 900 y 1.000 euros a cada una. Solían pagarles en efectivo y cuando no podían a través de plataformas electrónicas para dificultar el rastreo de esas transacciones. Aun así, los agentes de la Benemérita que intervinieron en esta operación hallaron bastante dinero en metálico en los registros domiciliarios.
En la mayoría de los casos prestaban sus servicios simplemente tras un acuerdo verbal, sin contrato, y cuando este existía era solo por cuatro horas diarias, mientras que ellas tenían que estar disponibles las 24 horas del día dada su situación de internas.
Los investigadores estiman que el número de inmigrantes que presuntamente fueron explotadas laboralmente por estas dos lucenses, la mayoría dominicanas aunque las hay de varias nacionalidades, podría ascender a 70.
Madre e hija daban apariencia de que estaba todo en regla a las familias que recurrían a los servicios de su empresa asistencial. Estas creían que las mujeres que trabajan en sus domicilios como cuidadoras, en calidad de internas, se encontraban en España en situación legal y con contrato en regla.
Algunos de los empleadores, actuando de buena voluntad, incluso permitían a los hijos de las cuidadoras residir con ellas en el domicilio en el que prestaban sus servicios.
Las pesquisas continúan y no se descartan que hayan incurrido en fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública.
