La Audiencia Nacional ha desestimado el recurso que presentó una ciudadana colombiana residente en Lugo contra el Ministerio de Interior porque este no le concedió el asilo político que solicitó, ni subsidiariamente la autorización de permanencia por razones humanitarias. El tribunal le impuso además a esta las costas.
La demandante, que solicitó esa protección internacional hace dos años y medio, aseguró que recibía amenazas de muerte porque su esposo fue militar y estuvo infiltrado en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Contó que esas amenazas se iniciaron en 2010 cuando desapareció su marido al ser descubierto. Ese años huyó de su ciudad con sus dos hijos, menores de edad. La sentencia de la Audiencia Nacional recoge que no denunció esa presión ante las autoridades de su país porque, según dijo, "en Colombia cuanto más hablas más peligroso es".
Sin embargo, el Gobierno del país sudamericano sí la reconoció como desplazada y le prestó ayuda psicológica y de alimentos.
También se desestima su solicitud de que le concedan autorización de permanencia por razones humanitarias porque esta figura está reservada a personas en situación de vulnerabilidad
Cuando se inició el proceso de paz en Colombia la orden era que todos los desplazados regresasen a sus lugares de origen porque no habría represalias. Esta mujer lo hizo en 2016, pero dijo que a los tres meses de retornar le empezaron a seguir y amenazar. Y en 2018 intentaron secuestrar a su hijo de 7 años, por lo que no salía de casa y renunció a su empleo. Entonces decidió huir del país con sus hijos y se instaló en Lugo, en donde está empadronada.
RAZONES. La Audiencia Nacional deniega esa solicitud de asilo político porque argumenta que esa persecución y temor no es por una causa que contempla la Convención de Ginebra, como por ejemplo profesar una religión o tener cierta opinión política, ni que tampoco si vuelve a su país corra el riesgo de sufrir torturas o de ser condenada a muerte. Añade que el estado colombiano "ofrece protección a las víctimas de la acción criminal" de las FARC.
Este tribunal también desestima su solicitud de que le concedan autorización de permanencia por razones humanitarias porque esta figura está reservada a personas en situación de vulnerabilidad, como menores, embarazadas, discapacitados, ancianos o víctimas de trata de seres humanos o de torturas.
