En 1997, representantes de las principales empresas fabricantes de camiones de Europa se reunieron para pactar los precios de venta de todos los vehículos de más de seis toneladas que salían de sus fábricas, eliminando la posibilidad de competencia para otros fabricantes y para el comprador final. Aquella reunión suponía la creación del "cártel de los camiones", formado por los gigantes Daimler (Mercedes-Benz), DAF, Iveco, Volvo/Renault, MAN y Scania, que manipuló los precios de mercado hasta el año 2011.
Se calcula que durante ese tiempo unos 3,5 millones de camiones fueron vendidos bajo esas condiciones en toda Europa, más de 150.000 en España. Ahora, las empresas y autónomos están reclamando en los juzgados las indemnizaciones por los sobrecostes derivados del pacto de los fabricantes. En Lugo son alrededor de 200 demandas por cerca de mil camiones. Los abogados calculan una media de 20.000 euros por vehículo, con lo que las reclamaciones lucenses superarían los 20 millones de euros.
Estas acciones judiciales, que se repiten por toda Europa, fueron posibles después de que MAN confesara la existencia de este cártel empresarial, liderado por los fabricantes alemanes. La Comisión Europea les impuso en 2016 la mayor multa hasta ese momento contra un cártel, después de que todos, salvo Scania, admitieran su participación: 3.000 millones.
El bufete de abogados que lleva la mayor parte de las demandas calcula 20.000 euros de media por camión, contando los intereses
A partir de esta decisión, se abrió la espita para que los afectados reclamaran. Sin embargo, el recorrido judicial ha estado plagado de dificultades, en especial las puestas por las propias compañías. El principal escollo en los primeros momentos fue que los fabricantes entendían que todas las demandas individuales debían presentarse en Alemania, porque fue el lugar donde se hizo la reunión para formar el cártel. Pero una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Justicia determinó que eran las jurisdicciones de cada país las competentes, lo que allanó el camino para los afectados.
En estas circunstancias, han sido los juzgados mercantiles de cada jurisdicción los que se han hecho cargo de las demandas en España. En el caso de Lugo, el de Primera Instancia 2 y Mercantil, el mismo que ya fue designado, por ejemplo, para resolver las reclamaciones por las cláusulas suelo de las hipotecas. Será este órgano el que tenga que ver esas alrededor de 200 demandas, si bien todavía no se han presentado todas.
El grueso de las mismas están bajo la supervisión del mismo despacho de abogados, el gallego CCS, elegido por la Confederación Española de Transporte de Mercancías para que represente a sus socios. Jaime Concheiro es el letrado que lleva las 153 demandas que bajo su supervisión se han presentado en Lugo, si bien hay otros empresarios y camioneros autónomos que han decidido ir por libre, por lo que al final se llegará a esas 200 demandas.
MIL CAMIONES. Según Concheiro, esas 153 demandas incluyen entre 800 y 900 camiones, por lo que será fácil que entre todas se superen los mil vehículos en la provincia. Este abogado calcula una media de 20.000 euros por reclamación, dependiendo del camión comprado. Cada uno de estos monstruos de la carretera ronda los 70.000 euros de fábrica, y se calcula que los sobreprecios fueron de entre el 3 y el 20 por ciento según los años de compra y la marca, cantidades a las que hay que añadir los intereses de todos estos años hasta alcanzar esa media de 20.000 euros y los 20 millones totales de indemnización a los transportistas de la provincia lucense.
Concheiro explica que hay que tener en cuenta, además, que muchas de esas reclamaciones son por uno o varios camiones, pero que en algún caso se trata de empresas que pleitean por alrededor de cien vehículos, con reclamaciones de dos millones de euros.
Además, hasta ahora solo se han podido iniciar reclamaciones contra Daimler, DAF, Iveco, Volvo/Renault y MAN, que son las que aceptaron declarase culpables y pagar la multa impuesta. Scania, por su parte, no lo hizo y decidió recurrir la decisión de la Comisión Europea. Hace unas semanas la Comisión dio a conocer un avance de su resolución, en la que también será sancionada Scania (con otros 800 millones de euros). Sin embargo, hasta que no se redacte y se haga pública la resolución al completo no se podrán iniciar las demandas contra esta marca.
