Una década de operación Pokemon

La macrocausa contra la corrupción que arrancó el 20 septiembre de 2012 sigue dando coletazos con decenas de piezas resquebrajadas por todo el país. Condenado por la causa de la CHMS y la Ora, Liñares tiene aún dos asuntos pendientes
Detención del delegado de Vendex en Lugo, el 20 de septiembre de 2012. AEP
photo_camera Detención del delegado de Vendex en Lugo, el 20 de septiembre de 2012. AEP

Unos pinchazos telefónicos de la operación Carioca y la denuncia de un socio de la empresa concesionaria de la grúa en Lugo desencadenaron hace justo diez años la operación Pokemon, una trama de cohecho y tráfico de influencias entre empresas y políticos que todavía no ha dado sus últimos coletazos. Era un día como hoy, 20 de septiembre, cuando un amplio despliegue policial en varias provincias españolas se saldaba con doce detenidos, entre ellos el lucense Francisco Fernández Liñares, exconcejal socialista en Lugo y expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

La jueza Pilar de Lara sospechaba que tanto él como los alcaldes de Ourense y Boqueixón, también arrestados, recibían regalos por contratar servicios a la empresa Vendex. Liñares se vio acorralado y no gastó fuerzas en negar lo evidente. Declaró arrepentido, reconoció buena parte de los hechos y se mostró dispuesto a devolver el dinero que había recibido de las empresas, unos sobornos que él prefería denominar "donativos".

La entrada en prisión de Liñares fue únicamente el punto de partida del caso Pokemon, llamado así por los motes que usaban los implicados para intentar no delatarse: Tkachenko, O Cura, Puñales, Casacomidas o Amapolas, entre otros. De hecho, un año después, la operación sumaba ya 82 imputados y casi cien tomos de sumario. El meollo de la cuestión seguía siendo el mismo: sobornos para conseguir contratos públicos, una mina con la que los políticos supuestamente obtendrían importantes cantidades de dinero y además tendrían bula para colocar a parientes y amigos en las empresas. Y en el centro de la trama seguía Vendex, un conglomerado de empresas con sedes en toda España que gestionaba el servicio de la Ora en Lugo.

Liñares fue condenado a cinco años por cohecho cuando dirigía la CHMS y pactó con el fiscal otros 16 meses por el caso Ora

Con todos estos cabos atados, a Pilar de Lara todavía le parecía que quedaba mucho hilo del que tirar, por lo que la operación Pokemon cumplió dos años con 160 imputaciones, 9 causas matrices y 35 desgrosadas. En Lugo se quedó la causa principal, donde se investigaba a la empresa de la grúa, Cechalva y a Sanle -con 20 imputados- y también la de Vendex, con 69 imputados, entre ellos el alcalde de Lugo por aquel entonces, José López Orozco. A finales de 2014, salvo esta última pieza, todas las demás se fueron cerrando y trasladando a diferentes juzgados.

Las acusaciones contra el exalcalde de Lugo José López Orozco se archivaron porque el juez noi vio pruebas de ningún soborno

CONDENAS. Pero que la Justicia no se caracteriza por su rapidez es un hecho y hubo que esperar nueve años, hasta marzo de 2021, para que la citada macrocausa derivada en los primeros condenados por corrupción. A Francisco Fernández Liñares le impusieron cinco años de prisión por los delitos de cohecho y prevaricación mientras dirigía la CHMS. Junto a él fueron condenados otros ocho empresarios que reconocieron haber pagado a Liñares miles de euros a cambio de las adjudicaciones de obras públicas. José Gayoso, Manuel Santiso, José Río Maciñeiras, Ángel Pico Yáñez, Antonio Díaz, José Blanco, Manuel Álvarez y Javier Anchelergues llegaron a un pacto con el fiscal y aceptaron penas de un año y tres meses de prisión, por que no pisaron la cárcel.

Siete meses más tarde, en octubre de 2021, el juez Joaquín Brague -que sustituyó a Pilar de Lara tras perder su plaza en el juzgado de Instrucción 1 de Lugo- dio por concluida la instrucción de la pieza principal después de 307 tomos y 170.000 folios de investigación. El caso se cerró con 13 encausados y el sobreseimiento con respecto a una decena de funcionarios y empresarios, entre ellos el exalcalde de Lugo José López Orozco, que quedó así libre de todas las acusaciones en su contra. El magistrado también desmanteló la investigación de su predecesora y partió en 33 piezas diferentes el caso, enviándolas a los correspondientes partidos judiciales, seguramente rumbo a su archivo.

Y seguía pendiente otra las causas más espinosas en Lugo: la de la Ora, que finalmente se cerró en marzo de este año con el archivo para López Orozco y la acusación de Francisco Fernández Liñares; el presidente del grupo Vendex, Gervasio Rolando Rodríguez Acosta; su representante en Galicia, José María Tutor y el delegado de la empresa de la Ora, Javier Manuel Reguera, considerado uno de los testaferros o socios de Liñares en sus corruptelas. Esta pieza se cerrará con penas 16 meses de prisión para Liñares, Reguera y Tutor por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y pertenencia a grupo criminal, ya que este acuerdo al que ya llegaron con la Físcalía deberá ser ratificado en la Audiencia Provincial.

Tras dos condenas y con 72 años, a Liñares todavía le quedan pendientes otras dos causas de la operación Pokemon, una por la adjudicación del servicio municipal de la grúa y otra por blanqueo de capitales. De este modo, la macrocausa con nombre de serie televisiva continúa desquebrajada por todo el país -desde Santiago, Ourense, Ordes o Verín, hasta Manacor (Mallorca) o Cerdanyola del Vallés (Barcelona)- dejando patente que la lucha contra la corrupción es compleja, pero en ocasiones efectiva.

Comentarios