De Lara prevé que haya más imputaciones en el caso de la Diputación

La jueza dicta la prórroga de la instrucción por otros 18 meses y reprocha a la escasa colaboración del organismo la pérdida de tiempo
Un vehículo policial cargado de documentación abandona la Diputación tras un registro
photo_camera Un vehículo policial cargado de documentación abandona la Diputación tras un registro

La juez Pilar de Lara acaba de firmar el auto en el que, como ha sucedido con todas las macrocausas que se siguen en Lugo, declara la complejidad del caso Pulpo y amplía su instrucción al menos durante otro año y medio. Lo sorprendente es que aprovecha la fundamentación de este auto para insinuar que habrá más imputaciones en este asunto relacionado con la Diputación, en el que ya figuran como investigadas siete personas, entre ellas el expresidente del organismo José Ramón Gómez Besteiro.

"El hecho de que a fecha actual", escribe la magistrada, "figuren como investigados un determinado número de personas, no significa, ni mucho menos, que este número esté tasado y no vaya a ser ampliado". Apuntala de este modo una de las causas que contempla la normativa para declarar compleja una causa, que involucre a un elevado número de investigados. En este asunto, dice De Lara, "en la comisión de los delitos investigados habrían participado un elevado número de autoridades y funcionarios, quienes coordinadamente y de forma continuada en el tiempo podrían, presuntamente, haber perpetrado un cúmulo de irregularidades con posible encaje penal, consistentes en la contratación ilícita y manipulación de concursos para beneficiar a determinados empresarios, otorgamiento fraudulento de subvenciones sin justificar y desviación de fondos y caudales públicos a fines distintos de los reglados, sin que los encargados de velar por la legalidad y de fiscalizar, jurídica y contablemente, la actuación pública no solo es que no hayan cumplido con la misión legalmente encomendada de preservar el interés público, sino que pudieran haber participado directamente en tales ilicitudes".

En su escrito, la jueza rechaza también los argumentos de algunas de las defensas, que creen que ya ha pasado tiempo más que suficiente para una instrucción que se inició en 2013. Al respecto, De Lara reprocha que "buena parte del tiempo transcurrido podría haberse evitado si desde el primer momento se hubiera encontrado la colaboración requerida por parte de la institución provincial y sus empleados . Pero lamentablemente no ha sido así".

Además, añade la dificultad que entraña el estudio de toda la documentación, en especial la referida a la gestión de fondos europeos. Por todo ello, prorroga la instrucción 18 meses, a contar desde el 6 de diciembre pasado.

La jueza reprocha que hayan sido los encargados de velar por el interés público los que lo hayan podido perjudicar

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