La jueza que instruye el caso Pokemon, Pilar de Lara, dictó este viernes una providencia en la que, entre otras cuestiones, da diez días al Ayuntamiento de Lugo para que le envíe diversa documentación sobre el contrato de la ORA.
La providencia pide al Ayuntamiento que le informe sobre las funciones, cargos y áreas de responsabilidad que hayan ocupado, ya sean funcionarios o políticos, y las fechas entre las que han realizado la actividad de Xosé López Orozco, José Rábade Arias y Francisco Fernández Liñares, así como de Pablo Fuentes Faílde, Manuel Louzao Aldariz y Manuel García Ferreiro.
Pilar de Lara quiere que se identifique a los concejales electos y que formaron parte de la corporación lucense entre el 18 de junio de 2008 y el 31 de diciembre de 2012 y también los órganos de gobierno entre esas fechas, la identificación de la alcaldía y concejalías, sus funciones y la estructura jerárquica.
La jueza quiere que el Ayuntamiento le remita copias de las actas de los plenos municipales entre el 10 de abril de 2008 hasta el 20 de septiembre de 2012 en los que haya sido tratado el contrato de la ORA, con la identificación de los concejales que hayan intervenido, el partido al que representan y el contenido de sus manifestaciones.
Además, reclama las funciones realizadas por tres funcionarios ya mencionados entre esas mismas fechas respecto a este contrato y pide copia compulsada de los informes realizados.
También pide conocer la composición de la mesa de contratación, las actas, entre otros documentos, así como los informes justificativos de las puntuaciones.
La jueza solicita también una copia de un informe de ingeniería con fecha de febrero de 2009 firmado por uno de los técnicos mencionados.
Perito para Boqueixón
Además, respecto a esta misma operación pero en el municipio de Boqueixón (A Coruña), Pilar de Lara ordena en esta misma providencia librar oficio a la Intervención General del Estado para que designe un perito que elabore un informe sobre la regularidad del proceso de adjudicación y resolución del contrato adjudicado a la empresa Sermasa.
En particular, indica, para determinar si la decisión final de adjudicación corresponde a la legalidad así como la influencia en el concurso de la fórmula matemática empleada.
Para elaborar este informe, la jueza le pide que analice la documentación aportada por el Ayuntamiento de Boqueixón y teniendo en cuenta las intervenciones telefónicas, los informes de Vigilancia Aduanera, así como las declaraciones policiales y judiciales prestadas.
